"A mi hija la botaron a un barranco, agonizó dos días"; piden declarar alerta por feminicidios

Activistas lamentan la indiferencia del Gobierno ante la ola de asesinatos de mujeres que ya suman 92 feminicidios en territorio nacional.

El 2013, Rosario Méndez se llevó la peor noticia de su vida, su hija Verónica de 20 años fue encontrada muerta en un barranco cerca al Cementerio Jardín en la ciudad de La Paz. Desde esa fecha peregrina por justicia. En ese transcurso descubrió que su hija fue violada, golpeada y lanzada al precipicio donde agonizó dos días antes de perder la vida. En lo que va del año en el país se registraron 92 feminicidios y activistas cuestionan al Gobierno por la indiferencia y piden declarar estado de emergencia por los asesinatos.

Méndez, que es miembro de la Asociación de Víctimas y Familiares de Feminicidio de Bolivia, relató a la ANF que no se cumplen las leyes en territorio nacional para lograr justicia en los casos de feminicidios. Agregó que durante su búsqueda de justicia atravesó todo tipo de maltrato, incluyendo amenazas de la familia de los agresores de su hija, retardación de justicia y corrupción.

“No se cumplen las leyes, en todo este tiempo he vivido la inoperancia de la justicia, ineptitud de jueces y fiscales, corrupción de abogados que se parcializan con los agresores, que de paso te amenazan y quieren obligarte a desistir del caso”, señaló.

Rosario contó que en el caso de su hija hay cinco personas acusadas, tres varones y dos mujeres, pero ninguno fue aprehendido e incluso, denunció que “desaparecieron” las pruebas del crimen para que el caso se tipifique como homicidio culposo y no feminicidio.

Señaló que durante el proceso tuvo que contratar peritos extranjeros, quienes descubrieron que Verónica fue violada, golpeada, drogada y después lanzada a un precipicio de más de 100 metros de profundidad, donde agonizó dos días hasta que perdió la vida.

“A mi hija cinco personas la agredieron, la botaron a un cerro y ahí agonizó dos días antes de morir, nosotros la encontramos tres días después. Contraté peritos extranjeros y ellos me confirmaron que mi niña sufrió, la torturaron, fue drogada, la violaron y después la arrojan al barranco”, lamentó.

A diferencia de las pruebas de los expertos extranjeros, el médico forense en el país concluyó que murió por los golpes al caer al vacío. Rosario está segura que los culpables pagaron para “desaparecer las pruebas”, ya que asegura que cuando recogieron el cuerpo de su hija de la morgue, había líquido seminal en sus partes íntimas como establecía el informe de los peritos particulares. Reveló que el 2020 se logró una sentencia por homicidio culposo, pero no se los aprehendió y recibieron detención domiciliaria sin custodio.

“Los culpables desaparecieron las pruebas, pagaron. El año pasado recién sale una sentencia por homicidio culposo, les han dado detención domiciliaria sin custodio y ahora están felices caminando por la calle, mi familia recibe amenazas de los agresores”, afirmó.

Comentó que su búsqueda de justicia para lograr una sentencia ejecutoriada, continúa, pese a los gastos económicos que significa. Agregó que no se rendirá hasta lograr una “verdadera condena” para los agresores de Verónica.

Michelle Shaw, también miembro de la organización, cuestionó la falta de voluntad de los gobernantes para prevenir y sancionar los asesinatos de mujeres en el país, que a la fecha suma 92, de los cuales 15 se encuentran aún en etapa de investigación, mientras que los restantes 77 ya fueron esclarecidos.

Shaw acusó al Gobierno de “minimizar” la cifra de los feminicidios y no destinar los recursos necesarios para prevenir la violencia y los asesinatos a nivel nacional. Emplazó a las autoridades que declaren una alerta nacional.

“Están minimizando las cifras, no ven lo que está pasando en la sociedad. El Estado tiene que lanzar la alerta nacional, estado de emergencia, no podemos seguir esperando que los números sigan creciendo o que se dupliquen las muertes de años que llegaron a 115, estamos naturalizando el feminicidio”, remarcó.

Las activistas coincidieron en la urgencia y necesidad de la declaratoria de alerta ante el aumento de asesinatos de mujeres y la crueldad del crimen que se reporta en territorio nacional. También señalaron que se debe destinar más recursos y generar políticas públicas para prevenir la violencia y feminicidios.

Fuente: ANF