Privados rechazan ley laboral porque atenta la producción

Los empresarios reclaman porque el Ministerio de Trabajo se convierte en juez laboral. Plantean la creación de un tribunal neutral.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechaza el “proyecto de ley de procedimiento especial para la restitución de derechos laborales”, porque asegura que afecta la viabilidad de las unidades productivas.

A través de un comunicado público, los empresarios del país observaron el contenido del proyecto que el jueves fue aprobado en grande y detalle en la Cámara de Diputados y pasó al Senado.

“La CEPB como la representante de la iniciativa privada formal en todas las regiones y sectores productivos del país, manifiesta el rechazo a esta pretensión regulatoria que, generando un falso debate pretende, en aras de fortalecer los derechos de los trabajadores, minar día a día la viabilidad de las unidades productivas en el país”, expresa el pronunciamiento.

Dicho proyecto acorta los procedimientos para que los trabajadores que hayan sido despedidos de manera injustificada, les deban sueldos o no respeten su fuero sindical si son dirigentes, hagan respetar sus derechos mediante un “procedimiento especial” en el que interviene como juez el Ministerio de Trabajo mediante resoluciones que emitirá si amerita alguno de los casos.

El artículo 4 del proyecto dice que las resoluciones del Ministerio de Trabajo “son de inmediato cumplimiento por la persona obligada, no requiriendo de declaración o pronunciamiento confirmatorio o ratificatorio para su validez y eficacia”.

En este punto, la CEPB observa la participación del Ministerio de Trabajo y afirma que éste no es neutral para actuar como un “juez administrativo” en el caso de restitución de derechos laborales.

“Tenemos sobradas demostraciones de déficit de neutralidad e imparcialidad de los representantes del Ministerio de Trabajo. Es evidente que desde un inicio se han inclinado en favor de los trabajadores e incluso han llegado a actuar como asesores de los mismos en diversos conflictos laborales”, refiere la CEPB.

Al respecto, los empresarios plantean más bien la creación de “un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal de trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro”, basados en el Convenio Internacional 158.

Otro factor que observan es que el proyecto no fue consensuado con el sector privado productivo y sólo se tomó en consideración al sector laboral; además que el espíritu de la ley es imponer los derechos de un trabajador sobre los derechos laborales y estabilidad del conjunto de trabajadores.

“Esta norma continúa en la forzada y malentendida concepción que la estabilidad laboral es un derecho absoluto, con jerarquía incluso superior a otros derechos y garantías constitucionalmente establecidos. (…) no puede entenderse como la negación del derecho de los empleadores de preservar la unidad productiva generadora de ingresos y empleo para otros trabajadores”, se lee en el comunicado de los empresarios.

Análisis

El abogado laboralista Marcelo Inchausti dijo que lo más destacado de este proyecto es que acorta todo el proceso de restitución laboral que actualmente incluso se resuelve en instancias judiciales, que tardaba años y en caso de que el empleador no cumpla puede someterse a procesos penales.

“La reincorporación (laboral) al ser emitida por el Ministerio de Trabajo se va a constituir como una sentencia ejecutoriada, es decir que el empleador la va a tener que cumplir. Si no da cumplimiento la misma ley dice que de manera inmediata el juez ordenará embargos, retención de fondos por la vía coactiva hasta el extremo de emitir un mandamiento de apremio”, explicó el jurista.

Fuente: Página 7