Instruyen a bancos a evaluar las solicitudes de reprogramación
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) dispuso la obligatoriedad de las entidades de intermediación financiera de atender y analizar las solicitudes de reprogramación de deudas a aquellas personas que hubieran sido afectadas por desastres naturales.
“Las entidades de intermediación financiera están obligadas a atender y analizar las solicitudes de reprogramación de aquellos deudores que hubieran sido afectados de forma directa o indirecta en su actividad económica”, señala una parte de la Carta Circular/ASFI/DBP/CC-2143/2019, emitida el jueves 7 de marzo.
Asimismo señala que se debe evaluar de manera individual, en función a una valoración de la situación y afectación particular de cada uno de éstos.
Al igual como la nueva capacidad de pago del deudor, considerando la emisión del Decreto Supremo 3812 de febrero de 2019, que declara emergencia nacional por desastres naturales, ocasionados por fenómenos climáticos.
Una vez realizada la evaluación, cada prestatario se ajustará a las condiciones del crédito y a su capacidad de pago actual, mediante la suscripción de un nuevo contrato de préstamo.
“En caso de ser negativa la respuesta a la solicitud, esa situación deberá ser comunicada por los bancos de manera escrita al deudor, explicando las razones que justifiquen este extremo”, agrega la nota oficial.
Para Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), la circular de la ASFI obliga a atender y analizar las solicitudes de reprogramación.
“No obstante en caso de negativa de reprogramación, la entidad financiera debe hacerlo por escrito explicando las razones. Esto abre contingencias legales y la circular puede ser percibida como intimidatoria”, advirtió el experto.
A diferencia de otras circulares emitidas por la entidad reguladora, en anteriores años la disposición “instruía” a las entidades financieras a atender y analizar las solicitudes.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin), José Antonio Sivila, afirmó que la reprogramación de un crédito es una operativa normal y vinculada a la actividad crediticia.
“Por tal motivo -según dijo- no debería revestir ninguna preocupación y es aplicable a clientes cuya capacidad de pago ha sido negativamente afectada por factores de riesgo sistémico, climatológico o individual. Cada entidad en el marco del proceso de gestión del riesgo crediticio y en función al perfil de riesgo de sus clientes debe establecer políticas de reprogramación, siempre adecuadas al marco normativo vigente”, indicó Sivila.
No Obstante, explicó que para que un deudor califique a una reprogramación debe cumplir con dos condiciones necesarias: tener capacidad de pago, aunque podría ser menor que al momento de la primera evaluación crediticia y voluntad de pago.
En 2017, la ASFI viabilizó la reprogramación de deudas que beneficiaron a 274 operaciones de crédito destinadas al sector productivo que registraron pérdidas en su producción, causadas por factores climatológicos adversos y por ataque de plagas.
La declaratoria
A fines de febrero pasado, el gabinete de ministros aprobó el decreto 3812, en atención a los desastres naturales provocados por las lluvias, producto del cambio climático.
De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Defensa, publicado la pasada semana, los desastres naturales ocasionaron la afectación de más de 5.200 familias; 61 viviendas destruidas en 59 municipios de los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba, Tarija, Beni y Santa Cruz. Además de 26 fallecidos y 27 desaparecidos.
El INSA reporta 25.000 hectáreas de cultivos siniestradas
El director del Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA), Erick Murillo, reportó que desde noviembre del año pasado se han registrado 25.000 hectáreas de cultivos siniestrados por los efectos climáticos en 57 municipios del país.
“Al momento hemos recibido 367 avisos de siniestros de 57 municipios. Esto comprende 642 comunidades que consideran que parte de sus cultivos estarían afectados. La superficie total reportada como siniestrada son 25.000 hectáreas”, explicó.
El director del INSA agregó que el 20% de las 25.000 hectáreas afectadas (5.000 hectáreas) tienen daños superiores al 60%, lo que implica un pago de cinco millones de bolivianos por indemnización.
Según Murillo, la principal causa de afectación a los cultivos son las lluvias; sin embargo, en las últimas semanas se han registrado tambien granizadas y heladas en algunas partes del país.
“Debemos tener en cuenta que el principal problema que hemos tenido este año han sido los excesos de precipitaciones, que han afectado de diversa forma a los cultivos y ahora que estamos entrando en los meses más fríos vamos a tener problemas de granizadas y heladas como es habitual”, argumentó.
Murillo anunció que a finales de marzo comenzará el pago de las indemnizaciones a los productores de los municipios afectados, tomando en cuenta que el seguro agrario apoya con 1.000 bolivianos por hectárea perdida. “Estamos en un proceso muy acelerado de las reposiciones a los agricultores. Es la exigencia de los municipios y es la exigencia de los agricultores que las indemnizaciones lleguen de manera más rápida y efectiva; por lo tanto, estamos en la obligación de empezar este fin de mes las indemnizaciones”, sustentó.
Murillo manifestó que según el reporte se verificó 44% de hectáreas afectadas de cultivos de maíz, 34% de papa y 10% de quinua, el resto de producción de haba, arveja, trigo, cebada, avena, alfalfa y frejol.
Agregó que las granizadas afectaron a municipios de Chuquisaca y Potosí; mientras que las intensas lluvias, a Santa Cruz, Oruro, La Paz, Cochabamba y Tarija.
El director del INSA agregó que actualmente se cuenta con alrededor de siete millones de bolivianos para el pago de las indeminzaciones y se trabaja en conseguir recursos adicionales provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN).