Fondo permitirá que clientes financien sus viviendas sin aporte propio

Los recursos provienen del 6% de las utilidades de los bancos que reportaron réditos en 2021 por $us 225 millones. La medida ayudará a las personas que no pueden realizar el 20% de aporte propio

Buenas noticias para las personas que quieren acceder a un crédito de vivienda de interés social y no contaban con el 20% de aporte propio, que la mayoría de los bancos exige. Mediante el Decreto Supremo N°4666, se dispone que los bancos múltiples y bancos pyme destinen el seis por ciento (6%) de sus utilidades netas de la gestión 2021, para la finalidad que será determinada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En este contexto, ayer esta cartera de Estado informó que estos recursos serán usados para crear un Fondo de Garantías del Crédito de Vivienda Social, que beneficiará a las personas que no tengan dinero para el aporte propio que es exigido por las financieras.

“El Fondo de Garantía del Crédito de Vivienda de Interés Social, podrá otorgar coberturas de riesgo crediticio hasta el 20% del crédito de vivienda de interés social cuando el prestatario no cuente con aporte propio y el financiamiento cubra el valor total de la compra de vivienda, objeto de la operación crediticia”, explicó ayer Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas.

La autoridad destacó que con esta medida se está permitiendo que muchas familias -que carecen del 20% de aporte propio- puedan acceder a esta línea de crédito.

En primera instancia, la promulgación de este decreto generó polémica tanto en los bancos como en especialista del área financiera. De hecho, la norma solo determinaba los porcentajes de las utilidades netas de la gestión 2021 que los bancos múltiples y bancos pyme deberán destinar al cumplimiento de la función social de los servicios financieros.

Ante la poca exactitud, el economista, Mauricio Ríos García, dijo que “el destino de los recursos es lo de menos, van a tratar de justificar este asalto con argumentos de “justicia social”, señaló.

Es más, aseguró que “con seguridad que, en consecuencia, encarecerán los servicios de la banca”.

Los cuestionamientos también siguieron desde los propios bancos. Ejecutivos de entidades financieras, que pidieron no ser citados para evitar represalias, señalaron que la medida molesta porque la disposición se hace en febrero cuando varias financieras ya hicieron junta de accionistas, donde definieron el destino de dividendos y su distribución. Además, informaron de sus actuaciones a la ASFI y a la Bolsa Boliviana de Valores.

No es nuevo

Ante las críticas, Montenegro recordó que esta medida no es nueva, mencionó que el artículo 115 de la Ley 393, establece que las entidades de intermediación financiera destinarán anualmente un porcentaje de sus utilidades netas, a ser definido mediante decreto supremo, para fines de cumplimiento de su función social, sin perjuicio de los programas que las propias entidades financieras ejecuten.

La autoridad dijo que, al 31 de diciembre de 2021, las utilidades netas del sistema financiero pasaron de $us 140 millones en 2020 a $us 225 millones el año pasado; es decir, un incremento del 60%.

En este contexto, afirmó que este fondo de garantías tendrá un capital de $us 12,8 millones. “Por lo tanto, la ley establece que cuando las entidades financieras -específicamente la banca múltiple y pyme-tengan utilidades netas positivas deben aportar un determinado porcentaje que es determinado en un decreto supremo”, señaló. 

Por su parte, el economista Gonzalo Chávez mediante sus redes sociales sostuvo que el Gobierno colocó un “impuesto” a las utilidades netas de los bancos.

“El Gobierno ha hecho malabarismos verbales para no llamarlo impuesto. Pero si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un “pato impuesto’”, ironizó el especialista.

Mientras que el economista José Gabriel Espinoza señaló que no es correcto calificarlo como impuesto, porque medidas como estas siempre han existido desde que se aprobó la Ley de Servicios Financieros en 2013, no obstante, observó la poca claridad del Gobierno en la normativa.

Fuente: EL DEBER