Educación tilda de "política" la decisión judicial de retomar el año escolar y ratifica que en pandemia no se volverá a clases presenciales

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, calificó este jueves de "política" la decisión de la Sala Constitucional primera de La Paz, que dejó sin efecto la clausura del año escolar, y ratificó que mientras exista el peligro de contagio de coronavirus en estudiantes, profesores y padres de familia, no se autorizará el retorno a clases presenciales en Bolivia.

"Hemos sido sorprendidos el día de ayer, todo el país, con un fallo nada jurídico, sino estrictamente político, que anula la Resolución Ministerial número 50/2020, emitido por el Ministerio de Educación, que disponía el cierre del año escolar, La Sala Constitucional, utilizando razones políticas, anula dicha resolución", lamentó Cárdenas, en conferencia de prensa, vía virtual.

El ministro de Educación reveló que el vocal que condujo la sesión de la Sala Constitucional de La Paz fue Israel Campero, quien fue brazo derecho y asesor jurídico de Héctor Arce, exministro de Justicia durante el gobierno de Evo Morales (MAS) y actualmente asilado en la embajada de México.

Campero también fue subprocurador cuando Héctor Arce era procurador general del Estado, agregó Cárdenas.

En ese sentido, ratificó que mientras exista el peligro de la pandemia del coronavirus en el país, no se retornará a las clases presenciales, pero aclaró que la formación de los estudiantes continuará por vías alternativas, como virtual y a distancia.

Así, anunció que en los próximos días se lanzarán plataformas virtuales de acceso gratuito para que los estudiantes, en los nueve departamentos del país, puedan continuar con su formación académica.

Además, dijo que se coordina con las universidades del país, tanto públicas como privadas, para realizar cursos de capacitación preuniversitaria en favor de los estudiantes de promoción de este año.

El Ministerio de Educación presentó esta jornada un memorial a la Sala Constitucional de La Paz, pidiendo enmiendas y aclaraciones sobre puntos de su resolución que no son claros, como el pedido público de retornar a clases presenciales que hizo la diputada del MAS, Lidia Patty, quien presentó la acción popular para retomar el año escolar, dijo Cárdenas.

También cuestionó que la Sala Constitucional no pidió la presentación de pruebas a la parte que interpuso la acción popular, ni tomó en cuenta las pruebas que presentó el Ministerio de Educación, sobre el peligro de volver a clases presenciales en plena pandemia.

"¿Por qué ponen en bajo lugar el sagrado derecho a la vida?", cuestionó Cárdenas.

Por otro lado, advirtió que el Ministerio de Educación no puede remediar en 10 días, que es plazo que puso la Sala Constitucional para presentar una política que garantice el derecho a la educación, el problema que acarrea en país desde hace 14 años.

En ese sentido, anunció que se presentará a la Fiscalía una denuncia contra los responsables que dejaron sin efecto la clausura del año escolar, por los delitos de resoluciones contrarias a la Construcción y uso indebido de influencias.