Un lío familiar develá los ítems fantasmas; reabren causa a Sosa
El abogado Jerjes Justiniano exigió una auditoría para determinar qué pasá con los supuestos contratos fantasmas y los nombres que figuran en los ítems
Luis Callisaya / La Paz
Un lío familiar destapó la denuncia de un daño económico millonario en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra mediante la creación de supuestos 800 ítems fantasmas. La Fiscalía emitió dos órdenes de aprehensión contra los principales implicados y reabrió una causa contra la exalcaldesa de ese municipio Angélica Sosa relacionada con el caso.
Por su parte, la oposición reiteró su petición de alejar al fiscal departamental Roger Mariaca, acusado por encubrimiento.
La denuncia
Valeria Rodríguez y Antonio Parada Vaca se divorciaron hace más de seis años. Luego, ella inició un proceso familiar contra su expareja, quien fue director de recursos humanos del municipio de Santa Cruz, en las gestiones de Percy Fernández y Angélica Sosa, y llegó a ganar hasta 11.000 bolivianos.
Rodríguez contó que hizo esa demanda porque no fue escuchada cuando pidió a su expareja ayuda y conciliación, a fin de no perder la casa donde vive con sus tres hijos y la vivienda donde está su madre. En ese sentido, la mujer amplió la demanda contra Parada por “violencia patrimonial y económica”.
En ese lapso, Rodríguez dijo que descubrió que su exesposo estaba implicado en la creación de al menos 800 ítems fantasmas en el municipio y que él y otras tres personas cobraban esos ingresos. Detalló que con esos recursos Parada adquirió mansiones, vehículos de alta gama y propiedades tanto en Bolivia como en Estados Unidos (EEUU), hasta donde también hizo transferencias millonarias.
“Con un sueldo de 11.000 que de verdad es imposible decir puede tener las 18 movilidades que tiene, los cinco inmuebles, más los terrenos, más todo lo que se ha encontrado, que lo tenemos acá. A nombre de sus hermanos, a nombre de palos blancos”, denunció días atrás Rodríguez en Gigavisión.
La mujer puso la denuncia en la Fiscalía, en agosto de este año, pero no hubo avances. Luego, ella fue hospitalizada debido a un shock que sufrió a raíz de las amenazas por develar este caso.
Contrademanda
Luego de que el escándalo cobrara relevancia nacional, Antonio Parada dio la cara ayer y negó las acusaciones de su expareja. Lo que comenzó por un tema familiar terminó en una “denuncia falsa” por los supuestos 800 ítems fantasmas y en extorsión, apuntó.
Contó que ingresó a trabajar al municipio en 2004 gracias a la ayuda de la madre de su exesposa (su exsuegra Romy Paz, que era concejala de UCS en aquel momento). A partir de ese año, dijo que ocupó diferentes cargos hasta llegar a la dirección de recursos humanos en la gestión de Percy Fernández.
Afirmó que no existen tales ítems fantasmas. Explicó que si hubiese esos 800 ítems tendrían que estar involucrados todos los directores de las secretarías, porque cada uno controlaba al personal a su cargo.
Parada también negó que posea propiedades y vehículos lujosos, como señala su expareja, ni hizo varias transferencias millonarias. Detalló que hizo sólo un depósito de 180 mil dólares, dinero que proviene de la venta de una propiedad heredada de sus padres y de un negocio de venta de celulares. Especificó que con ese dinero compró un departamento en Estados Unidos, el mismo fue vendido en 2019 para comprar el inmueble donde vive ahora su exesposa con sus hijos.
“Se llegó a un acuerdo de que yo iba a mantener todo lo que le he dado desde siempre”, refirió Parada a Gigavisión, indicando que paga el seguro y colegiatura de sus hijos, el crédito de dos casas, una donde vive su exesposa e hijos, y otra donde vive su exsuegra, además de dar una pensión de 3.000 bolivianos.
Admitió que en la causa familiar que enfrenta ya estaba conciliando el tema. Pero dijo que su exesposa y sus abogados le enviaron un documento de desistimiento del proceso a cambio de que se le otorgue el 50% de todas las supuestas propiedades y vehículos lujosos, además de tres millones de bolivianos.
Calificó ese acto como una extorsión y anunció que pondrá una denuncia penal. Además, dijo que se puso a buen recaudo.
Dos órdenes de aprehensión
El Ministerio Público emitió “dos órdenes de aprehensión, una para el señor Antonio Parada Vaca y otra para su hermano (Guillermo)”, señaló la fiscal Marcela Terrazas, quien también indicó que se tomará en cuenta lo que dijo Parada en una entrevista televisiva. La exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa será investigada.
También informó que se citó a declarar a la exalcaldesa Sosa, a funcionarios municipales (Sandra Velarde y José Negrete), además de la madre de Valeria Rodríguez (Romy Paz), todos como testigos.
La fiscal también mencionó que se pidió un informe a la Cooperativa Jesús Nazareno para que responda sobre el convenio que tiene con el municipio cruceño para el pago de sueldos a funcionarios.
Al respecto, la cooperativa señaló que cumple con los servicios de pago de acuerdo a norma, que se hace de manera personal, así el solicitante es identificable y quedan registrados sus datos. La entidad financiera anunció que colaborará ante cualquier requerimiento de información.
Sosa en la mira
La Fiscalía reabrió una denuncia que interpuso el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en contra de la exalcaldesa Angélica Sosa y otros exfuncionarios por la contratación irregular de 1.000 personas en el municipio, caso que ya había sido cerrado en julio de este año. El proceso también tendría relación con el caso ítems fantasmas.
“(Se) ha realizado la supervisión y evaluación de dos procesos de investigación que versan sobre presuntos hechos de corrupción en el municipio de Santa Cruz, que tiene que ver con irregularidades en varios ítems identificados y contrataciones”, dijo el fiscal Gonzalo Aparicio, quien junto a una comisión se trasladó de Sucre a Santa Cruz para seguir el caso.
En ambos casos, la Fiscalía convocará a declarar a las personas vinculadas. Además, en el proceso que se sigue a Parada se amplió contra otras cinco personas, entre ellos otro exdirector de recursos humanos.
Jerjes Justiniano Atalá, abogado de Sosa, cuestionó la falta de seriedad en las acusaciones que se hacen contra su defendida y pidió que se demuestre la existencia de los contratos vinculados a los supuestos ítems fantasmas. Dijo que el caso se extiende hasta 2018, cuando Sosa fungía como concejala. También exigió una auditoría para determinar qué pasó con los supuestos contratos fantasmas, porque hasta ahora no aparecen los nombres de los beneficiados con esos 800 ítems.
Fuente: Página 7
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