Plan contra el fuego se activa con Bs 1 millón y habilitan una plataforma centinela

El año pasado, el fuego arrasó 8,7 millones de hectáreas en Santa Cruz, superando todos los registros históricos. Frente a la magnitud de los daños, la Gobernación puso en marcha de manera anticipada un plan de prevención de incendios forestales, que incluye el despliegue de bomberos especializados a las provincias con mayor riesgo, la habilitación de una plataforma digital y la articulación de alianzas interinstitucionales.

Julieta Valverde, titular de la Dirección de Recursos Naturales (Direna) de la Gobernación, explicó que desde enero se viene tejiendo la estrategia de prevención y control, pero ahora buscan fortalecer las tareas de prevención y también sumar esfuerzos para captar más recursos, tomando en cuenta que para esta gestión el programa de manejo de incendios forestales dispone de un presupuesto de Bs 1 millón. 

Esto como consecuencia de los recortes presupuestarios que viene sufriendo la Gobernación. El año pasado, que fue crítico en tema de incendios forestales, se dispuso de Bs 1,7 millones y antes de 2023 se contaba con Bs 3 millones anuales.

“Entonces, la estrategia es básicamente buscar recursos para la atención de incendios que nos permitan cubrir la brecha financiera que tenemos”, dijo Valverde. 

Por ello, una de las acciones del plan contra el fuego es la conformación de una mesa interinstitucional, integrada por sectores privados como Anapo y Fegasacruz, además de organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de incendios, restauración y conservación de la biodiversidad. También se está tocando puertas de la cooperación internacional.  

Uno de los objetivos es procurar que la inversión surja no solo para la atención de las  emergencias, sino para la etapa de prevención. 

Otro de los pilares del plan es el despliegue de bomberos especializados a las cinco provincias históricamente más golpeadas por los incendios forestales, que son: Germán Busch, Chiquitos, Velasco, Ángel Sandoval y Ñuflo de Chávez.  

Las brigadas ya  están  en estos lugares y tienen la misión de brindar capacitación sobre técnicas, estrategias de prevención y control de incendios. Además, de coordinar acciones con los municipios y subgobernaciones, y ayudar a activar el comando de incidentes. 

Plataforma digital

Como parte del plan, también fue habilitada la plataforma digital Centinela,  donde se puede monitorear en tiempo real los incendios que se van registrando en el departamento cruceño. Es de acceso para cualquier persona, ingresando a la página de la Gobernación, www. santacruz.gob.bo.

“Esperamos que este instrumento permita mayor transparencia  (en los datos) y acortar  los tiempos para atender las emergencias que se vayan generando”, dijo Valverde. 

En lo que va del año, se han registrado siete alertas por incendios en el departamento cruceño, todas controladas a tiempo.

Las intensas lluvias provocadas por el cambio climático han ayudado a reducir la incidencia de incendios en comparación con el año pasado, cuando hasta mayo ya se había atendido cinco eventos de este tipo.

Informe CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe de 2024 que los incendios forestales que golpearon al país entre julio y octubre de 2024 alcanzaron “niveles alarmantes”; además, ratificó que, a pesar de la “pausa ambiental” las quemas ilegales prosiguieron. 

“Los incendios, que afectaron más de 10 millones de hectáreas, han tenido graves repercusiones que incluyen el desplazamiento de poblaciones, la destrucción de medios de vida y la alteración de los ecosistemas esenciales para la subsistencia de las comunidades”, señala el reporte anual.

La CIDH recomendó que “es preciso que el Estado y las comunidades trabajen en conjunto” para aplicar estrategias de prevención y protección para un  medioambiente sano.  También llamó a aumentar la inversión en tecnología y recursos para la detección temprana de incendios.

La Defensoría del Pueblo alertó que se quemaron más de 12,6 millones de hectáreas en el país.

FUENTE: EL DEBER