Más que una ley: "Asamblea de Tarija aprobó histórica Reforma Autonómica que redefine el poder y salva su institucionalidad"

Una Asamblea bajo presión aprueba reforma para evitar su colapso institucional y recuperar legitimidad, menos asambleístas, más eficiencia, menos pegas y ahorro millonario. 

Se proyecta un ahorro de Bs 6 millones anuales y una reconfiguración del mapa político-territorial. La medida ahora deberá someterse a referéndum.

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) aprobó esta semana la Ley de Reforma al Estatuto Autonómico Departamental, marcando un hito en el proceso autonómico y abriendo paso a una transformación institucional sin precedentes. La norma reduce el número de asambleístas de 30 a 17 y elimina la figura de los subgobernadores, como parte de una reingeniería orientada a la austeridad, la eficiencia y una nueva gobernanza territorial.

El asambleísta Mauricio Lea Plaza, principal impulsor de la reforma, calificó la medida como “un acto de responsabilidad institucional ante la grave crisis económica del departamento”, señalando que la decisión responde tanto a una necesidad estructural como a un clamor ciudadano de mayor eficiencia y transparencia.

Impacto económico: austeridad para un Estado más sostenible

Uno de los pilares fundamentales de la reforma es de carácter fiscal. Según estimaciones preliminares, la reestructuración permitirá un ahorro anual de aproximadamente Bs 6 millones sobre un presupuesto de Bs 17 millones destinados actualmente al funcionamiento de la ALDT.

“Estamos adaptando la estructura institucional del departamento a su nueva realidad financiera. Tarija no puede seguir sosteniendo un aparato burocrático inflado cuando sus ingresos por hidrocarburos han caído estrepitosamente”, declaró Lea Plaza.

Los recursos liberados podrán ser reasignados a proyectos de inversión pública, programas sociales o servicios básicos, reduciendo así la presión del gasto corriente, que hoy absorbe más del 80% del presupuesto departamental.

Impacto político: nueva correlación de fuerzas y representación directa

Desde una perspectiva política, la reforma implica una profunda reconfiguración del poder territorial. La supresión de los subgobernadores —cargos designados por el Ejecutivo Departamental— rompe con estructuras intermedias de poder que, en muchos casos, operaban como extensiones del oficialismo y contribuían a la duplicación de funciones y el clientelismo político.

Esta decisión fortalece la figura de los alcaldes como autoridades legítimas de los municipios y potencia un esquema de gobernanza más descentralizado, con mayor control ciudadano.

Además, la reducción de curules y la eliminación de las suplencias activas promueve una competencia electoral más rigurosa y transparente, obligando a los partidos a seleccionar candidatos con mayor legitimidad y arraigo territorial.

Siguiente paso: referéndum para validar la reforma

Pese a su aprobación legislativa, la ley aún debe someterse a un Referéndum Departamental, tal como establece el procedimiento para modificar el Estatuto Autonómico. El Ejecutivo deberá coordinar con el Tribunal Electoral Departamental (TED) la convocatoria a consulta ciudadana, la cual podría concretarse en los próximos meses.

“La población tendrá la última palabra. Confiamos en que sabrá valorar esta reforma como un paso necesario hacia un gobierno más austero, eficiente y funcional”, sostuvo Lea Plaza.

Si se valida mediante referéndum, Tarija sería el primer departamento en Bolivia en ejecutar una reestructuración institucional de esta magnitud, dentro del marco autonómico.

Debilidades estructurales: una Asamblea cuestionada y en crisis de legitimidad

La aprobación de esta reforma ocurre en medio de una creciente crisis de legitimidad y funcionamiento dentro de la Asamblea Departamental, una institución que ha sido objeto de constantes críticas por su bajo rendimiento, alto costo operativo y escasa producción legislativa.

Diversos sectores ciudadanos, académicos y organizaciones sociales han señalado que la ALDT se ha convertido en un órgano burocrático, improductivo y politizado, caracterizado más por conflictos internos, pugnas partidarias y paralización de debates que por su aporte al desarrollo normativo del departamento.

Asimismo, se ha denunciado el uso excesivo de recursos en viáticos, personal administrativo y privilegios, mientras que las leyes de fondo —en temas como salud, producción, medio ambiente o desarrollo— han sido mínimas en los últimos años.

En ese contexto, esta reforma no solo es vista como una medida técnica y fiscal, sino como una oportunidad para restaurar la credibilidad institucional de la Asamblea, reducir el despilfarro público y demostrar que el proceso autonómico puede responder a las necesidades reales de la ciudadanía.

FUENTE: Reporte Chaco