Padres acusan a colegios particulares de lucrar en crisis, acudirán al TCP

La Junta Nacional de Padres de Familia acusa a los colegios particulares de lucrar con la pandemia del coronavirus exigiendo pagos de pensiones. Mediante una carta abierta al ministro de Educación le piden dejar posiciones “políticas” y precautelar la salud de educación de los estudiantes. Advierten con recurrir al TCP por el incumplimiento de los 200 días  y la legalidad de las clases virtuales.

La misiva firmada por el representante José Antonio Pereira, denuncia ante el   ministro Víctor Hugo Cárdenas los abusos que estarían cometiendo los colegios particulares. “Mismos que en un afán de aprovechar la pandemia quieren lucrar con la insipiente economía de los padres de familia, sin  importarles  la educación y salud de los estudiantes”, dice. 

El 12 de marzo, el Gobierno  determinó suspender actividades en todos los niveles educativos del país para evitar la propagación del  coronavirus. Con la determinación, los estudiantes no pasan  clases desde hace  un mes y medio. El Gobierno anunció que la reanudación será gradual después de que pase la cuarentena.

La Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia (Andecop) ya aseguró que pasan clases virtuales y que deben pagarse pensiones  salvo  en casos de “dificultades muy extremas”. 

Para los padres es un exceso: “El ministerio de Educación no se pronuncia sobre el cumplimiento de los 200 días calendario de clases en aula, situación que se agrava en los colegios particulares que están obligando a los padres de familia a pagar las 10 mensualidades de manera regular bajo el pretexto de que nuestros hijos estarían recibiendo clases virtuales. Estas clases no están contempladas en la normativa de educación ni mucho menos podrían ser avaladas como horas aula”, dice la misiva.

Pereira informó a Página Siete que  los padres determinaron acudir al  Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “¿Cómo se avalarán las clases virtuales? En la currícula de las universidades  y colegioss no están contempladas en la ley Avelino Siñani ni en ninguna otra ley”, afirmó.

Página Siete trasladó ese cuestionamiento a Andecop  pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Los padres emplazaron al Ministro de Educación a tomar decisiones consensuadas que vayan  a precautelar la vida, salud y educación de los estudiantes. “Deje de tomar decisiones políticas que nada bien le hacen en este momento de crisis”, advirtieron. 

Pidieron a la autoridad que  responda si existen las condiciones de salud para que los alumnos vuelvan a clases; si los colegios particulares podrán cobrar las 10 mensualidades “sin cumplir los 200 días del calendario escolar” y si será justo pagar las mismas mensualidades por clases virtuales no  presenciales. 

“También emplazamos al Ministerio de Justicia a revisar los contratos con los colegios particulares y a pronunciarse sobre los mismos que son (…) leoninos y perjudiciales a la economía de los padres de familia”, recalca la carta de la Junta. 

Cuestionan el aval y alcance de clases virtuales

La Junta de Padres de Colegios Particulares manifestó su rechazo a las clases virtuales propuestas por el Gobierno para compensar los días perdidos por la cuarentena.  “Ya hemos hecho nuestro reclamo, esas clases virtuales están al margen de la ley”, declaró el representante del sector José Antonio Pereira. 

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, afirmó que después de la cuarentena  el sistema    reforzará las clases presenciales con cursos a distancia. 

Tal determinación causó molestia en los padres quienes elevarán una consulta ante el TCP sobre la legalidad de las clases virtuales. 

“El Ministro dijo que se volverá a las clases, después que no será inmediato, no hay fecha. Los padres de familia estamos preocupados porque nos interesa la salud de los niños, algunos prefieren que pierda el año que la vida. Queremos saber qué se hace para cuidar la salud de nuestros hijos”, recalcó el representante.

Pereira pidió al Gobierno que defina un plan para recuperar los días perdidos ampliando la carga horaria, aprovechando los sábados, algunos domingos. 

“Los contratos establecen 200 días hábiles y ello está de acuerdo a la norma nacional pero el año pasado tampoco se cumplió. Por los conflictos sociales, tras las elecciones, algunos colegios pasaron 160 días. En el mejor de los casos fueron 170 y los más perjudicados fueron nuestros hijos a quienes repitieron su nota del año anterior”, afirmó.