GIEI: denuncian que vulneración a los DDHH persiste en Bolivia

20 organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el representante de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de ese grupo.

Una delegación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se reunió ayer con representantes de 20 organizaciones de la sociedad civil. Esas entidades denunciaron que el Gobierno comete nuevas vulneraciones a los derechos humanos y no cumple las recomendaciones que hizo ese grupo de expertos.

“Hemos planteado a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), a través de esta mesa de seguimiento de las recomendaciones del GIEI, que el Estado no ha cumplido absolutamente con nada. Por el contrario, se han dedicado a utilizar las recomendaciones y el informe para detener a las personas”, informó a Página Siete Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

Además del Conade, entre las organizaciones que asistieron a la reunión están la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Adepcoca, el Colegio Médico de Bolivia, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), asociaciones de prensa, comités cívicos de Potosí, Santa Cruz, Oruro y Cochabamba, además de asociaciones de familiares de víctimas, perseguidos y presos políticos, y esposas de policías.

Los representantes de esas organizaciones, por casi tres horas, expusieron sus denuncias ante el responsable de la mesa de seguimiento Bruce Barnaby Rubio.

Nuevas denuncias

Después de la reunión, Morales destacó que se enfatizó en las recientes represiones contra las movilizaciones de médicos y cocaleros, instruidas por el Ministerio de Gobierno, en las que se “sembró pruebas”, hubo militares infiltrados y aprehensiones ilegales.

“Hemos hablado de la represión contra Adepcoca, contra los pueblos indígenas, también del acoso que se hace contra la prensa y libertad de expresión, como es el caso del diario Los Tiempos, las imputaciones a periodistas para amedrentar a la prensa. Todo eso ya es de conocimiento de la CIDH”, precisó Morales.

El director del periódico cochabambino Los Tiempos, Marco Antonio Zelaya, informó que denunció que ese medio es sujeto de presiones por la vía impositiva y por la vía judicial.

“El objetivo es complicar al periódico con el fin de tomar control del mismo y nosotros lo interpretamos como una vulneración al derecho a la libertad de expresión (…). Somos objeto de asfixia y esto va contra el sistema democrático”, agregó Zelaya.

El asesor jurídico de la Adepcoca, Gualberto Cusi, dijo que informó de los “nuevos hechos de violaciones de derechos humanos a la familia cocalera de los Yungas”, tomando en cuenta las aprehensiones a los cocaleros en los conflictos por el mercado paralelo, dirigido por el dirigente afín al MAS, Arnold Alanes.

El dirigente de Conamaq orgánico y miembro de la CAOI, Cristóbal Huanca, informó a este medio que denunció que persisten las vulneraciones a la Constitución Política del Estado, en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Puso como ejemplo que no se respeta la igualdad de jerarquía entre la justicia ordinaria y la originaria.

“Además, nosotros no queremos seguir siendo sometidos a partidos políticos y hemos presentado un proyecto de ley de representación directa de los pueblos indígenas y el Senado nos rechaza. Tampoco se cumplen las leyes mineras ni de autonomías. Están vulnerando nuestros derechos”, afirmó Huanca.

En tanto, Barnaby, responsable de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI, se excusó de hablar con la prensa y alegó que su trabajo es técnico.

No obstante, Página Siete conoció que el equipo de expertos llegó a Bolivia para preparar la visita del comisionado de la CIDH, encargado del seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, que se prevé para noviembre.

En agosto de 2021, el GIEI presentó en La Paz su informe final con 36 recomendaciones sobre los hechos de violencia suscitados entre septiembre y diciembre de 2019.

Fuente: Página 7