Detenidos preventivos en Tarija exigen revisión de casos tras antecedente de presos políticos

Personas privadas de libertad en el penal de Morros Blancos que se encuentran con detención preventiva reclamaron este lunes un trato igualitario, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitara la revisión de las medidas cautelares que pesan sobre los exlíderes políticos Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Según datos proporcionados por los propios internos y confirmados por organizaciones de derechos humanos, en Morros Blancos existen más de 700 privados de libertad sin sentencia, muchos de ellos con procesos paralizados por años, situación que consideran una vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso.

“Nosotros no tenemos el mismo poder político ni mediático, pero también tenemos familias y derechos. Si se revisan los casos de las autoridades, también deben revisarse los nuestros”, expresó uno de los delegados de los internos, aludiendo a la percepción de un trato diferenciado entre reclusos comunes y figuras públicas.

El pedido se enmarca en un problema estructural de la justicia boliviana: la excesiva aplicación de la detención preventiva como medida cautelar, que según informes de la Defensoría del Pueblo afecta a más del 60% de la población carcelaria en Bolivia. Esta práctica genera hacinamiento, retrasos judiciales y violaciones a derechos fundamentales, además de sobrecargar recintos como Morros Blancos.

Organizaciones sociales y juristas han advertido que la revisión de casos “emblemáticos” como los de Áñez, Camacho y Pumari no debería convertirse en un privilegio político, sino en un precedente para atender la situación de miles de personas que permanecen en cárceles del país sin sentencia firme.