Contrabando de cerveza sube un 39% en tres años y desborda las fronteras, según estudio de Euromonitor

El tercer estudio de la consultora internacional Euromonitor reveló que el contrabando de cerveza ha crecido en Bolivia un 39% en los últimos tres años, entre 2016 y 2019, lo que confirma que el contrabando ha desbordado las fronteras provocando la presencia de productos ilegales que generan daños al Fisco por la evasión impositiva.

Resultado de esta ilegalidad el negocio de la cerveza, en ese periodo, de contrabando pasó de 242.308 hectolitros a 337.283 hectolitros, una cifra que impacta directamente en la industria cervecera boliviana.

Además, el informe, encargado por la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) muestra que el tamaño del mercado ilegal de bebidas alcohólicas en Bolivia representa el 15% del tamaño total del mercado de bebidas en el país, lo cual tiene un alto impacto en la salud de la población por la falta de controles sobre la calidad y el estado de esos productos importados de forma ilegal.

Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba son los más afectados por el contrabando de cerveza, donde, de acuerdo con el informe, se visualiza con mayor nitidez la falta de control de las instituciones estatales como la Aduana Nacional, las Fuerzas las Armadas (FFAA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

Según el análisis, la industria cervecera del país es la más perjudicada por el contrabando, dado que el ingreso de cerveza ilegal representa el 50% del total del mercado ilegal de bebidas alcohólicas, con graves riesgos para la producción y el empleo de mano de obra boliviana.

Este fenómeno ha llevado a que cerveza brasileña y argentina, especialmente, haya inundado el mercado boliviano lo que genera un impacto directo en la industria boliviana y en la capacidad de mantener el empleo de los bolivianos.

Montañas de latas de cervezas Conti Brahma, Skol, Káiser, Itaipava (desde Brasil), Quilmes y Schneider (desde Argentina) se observan en los centros de abasto de las ciudades de Santa Cruz y las principales ciudades fronterizas.

El contrabando tiene un impacto significativo en las arcas del Estado, dado que cada año se eluden unos $us 118 millones por evasión de impuestos de parte de las organizaciones dedicadas al contrabando.

Acciones para adelante

En base a los resultados del estudio de Euromonitor, la industria nacional de cerveza recomienda, finalmente, varias acciones de parte del Estado para fortalecer la lucha contra el contrabando.

En este sentido, se deben implementar un código de barras, un vódigo QR y hologramas en los productos importados a Bolivia en lugar de los actuales timbres que son de fácil falsificación. Para ello, se debe modificar la norma de Impuestos Nacionales que lleve a modificar el timbre que representa el pago del ICE por importaciones de bebidas y tabacos.

La industria nacional de cerveza también destaca la necesidad de intensificar la lucha contra el contrabando como una prioridad nacional a través de acciones de interdicción con las Fuerzas Armadas y el Viceministerio del área, no solo en la frontera de Chile, sino también en la frontera con Brasil y Argentina.

Los gobiernos departamentales y las alcaldías, especialmente, tienen un rol fundamental que cumplir en la regulación de los mercados internos como son las ferias, venta en las calles, mercados populares y otros centros de abasto.

Por otra parte, el sector industrial señala la necesidad de transparentar mensualmente la base de datos de la Aduana Nacional respecto de las importaciones de mercaderías por empresas y productos a fin de evitar el contrabando técnico mediante subvaluación de productos.

Finalmente, es sector remarcó la importancia de reformar la Ley 1053 sobre Fortalecimiento de Lucha contra el Contrabando que establece la privación de libertad cuando el valor del tributo omitido es mayor a 200.000 Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) que cotiza a cada una a Bs 2,3 y si es menor a ese monto solo corresponde el 50% del valor de la mercadería.

En este sentido, se propone reducir el valor de 200.000 UFV a 50.000 UFV para que la norma sea realmente efectiva para combatir el flagelo del contrabando

Fuente: IBCE