Cerro Rico de Potosí al borde del colapso: crisis minera, ambiental y humana en Bolivia

Potosí, 26 de abril de 2026.– El Cerro Rico de Potosí, símbolo histórico de la riqueza minera boliviana, atraviesa la crisis más severa de sus más de 500 años de explotación, en medio de un escenario que combina deterioro geológico, impactos ambientales y una profunda problemática social.

Informes técnicos recientes advierten que la estructura del cerro presenta un avanzado proceso de debilitamiento interno, evidenciado por hundimientos en la cúspide y deslizamientos que comprometen su estabilidad. Según la comisión técnica de la Universidad Autónoma Tomás Frías, se han identificado múltiples colapsos en la zona superior, superando los 140 incidentes en los últimos años.

La zona por encima de la cota 4.400, considerada área de protección, es una de las más afectadas, pese a normativas que restringen la explotación minera en ese sector. Los intentos de mitigación, como rellenos con hormigón y técnicas de estabilización aplicadas desde 2012, han sido insuficientes frente a la dinámica interna del yacimiento.

Expertos advierten que se requiere una intervención estructural urgente, con un plan integral de estabilización desde el interior del cerro, que demanda inversión estatal significativa para evitar la desaparición de su cumbre.

El deterioro está vinculado a una intensa actividad minera. Por un lado, cooperativas continúan operando incluso en zonas restringidas, utilizando métodos que aceleran la inestabilidad. Por otro, la empresa Empresa Minera Manquiri, controlada por capitales extranjeros, enfrenta cuestionamientos sobre sus operaciones y su impacto en la estructura del cerro.

Diversos sectores denuncian que, pese a los compromisos de sostenibilidad, existirían prácticas de explotación que exceden lo permitido en contratos suscritos con la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), incluyendo la extracción indirecta de mineral desde el interior mediante acuerdos con cooperativistas.

El conflicto también tiene una dimensión ambiental, con reportes de afectación a fuentes de agua y acumulación de residuos mineros, además de tensiones sociales por la falta de consultas a comunidades locales.

A esto se suma el impacto humano. Se estima que alrededor de 30.000 personas dependen de la actividad minera en el cerro, muchas de ellas en condiciones precarias. Solo en 2025 se reportaron más de un centenar de muertes en labores mineras, en un contexto donde la falta de seguridad industrial es recurrente.

Particular preocupación genera la presencia de menores de edad en actividades mineras. Según datos de UNICEF, un alto porcentaje de niños y adolescentes trabajadores en Potosí inicia su actividad en la minería, expuestos a riesgos extremos en galerías inseguras.

El Cerro Rico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, enfrenta además una crisis institucional. Autoridades y especialistas cuestionan la falta de control efectivo por parte del Estado y la obsolescencia de la normativa vigente para su protección.

Actualmente, se analiza la posibilidad de declarar la cúspide del cerro en estado de desastre, lo que permitiría movilizar recursos nacionales e internacionales para su preservación. Sin embargo, los avances son limitados frente a la urgencia del problema.

El incremento de la explotación en 2026 y el deterioro visible de la montaña configuran un escenario crítico. Sin una intervención inmediata y sostenida, el Cerro Rico de Potosí no solo corre el riesgo de colapsar físicamente, sino de profundizar una crisis social y ambiental que afecta a miles de familias.