CAO ve impunidad en toma ilegal de tierras y el INRA dice que apoyará denuncias

La toma de tierras y predios en Cochabamba, Pando y Santa Cruz genera temor en el sector productivo que espera acciones más firmes de la justicia. El Gobierno rechaza los ilícitos y pide su investigación a las autoridades competentes

Otra vez. El problema crónico de los avasallamientos a predios y tierras productivas en distintas zonas del país, en especial en Santa Cruz, se vuelven a activar, a solo semanas para que finalice 2022.

El tráfico de tierras que afecta a Cochabamba (Cercado, Tolata y Arbieto), la toma de una barraca en Pando (Madre de Dios) y las ocupaciones ilegales de tierras en Santa Cruz (Guarayos y la capital cruceña) han provocado preocupación.

Óscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), fue crítico con el desempeño de la justicia, que ante la falta de un trabajo más firme, va consolidando la impunidad en el avasallamiento o tráfico de tierras.

Justiniano remarcó que la inacción del sistema judicial contra las personas que cometen el avasallamiento genera incertidumbre entre los productores, a tiempo de precisar que desde la CAO se estableció una estructura para encarar esta situación, junto a instituciones estatales como el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Presidencia y el INRA, pero que a su criterio, el gran ausente es el sistema judicial, al que calificó como insípido.

El empresario agropecuario dijo que el tema tierras fue analizado tomando en cuenta los hechos de violencias ocurridos en Guarayos y remarcó que el problema no es nuevo. “Nosotros acompañamos a los productores en cada proceso de avasallamiento que tienen y también trabajamos con los distintos niveles de Gobierno”, explicó el dirigente.

En el caso específico del predio tomado en la provincia Guarayos, Justiniano sostuvo que, cuando se enteraron del tema se informó, mediante una conferencia de prensa y se logró la intervención del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional.

“Hablé con el ministro de Gobierno, actuaron rápido y esto es ponderable porque al día siguiente estaba yendo un contingente de policías para salvaguardar las vidas de las personas y garantizar el trabajo del productor que presentó documentación, títulos y también la verificación de la Función Económica Social”, agregó.

No obstante, Justiniano dijo que hay muchos casos en los que, si bien se logra denunciar a los cabecillas, estos son liberados por la justicia, lo que genera mucha incertidumbre en el sector.

Detalló que el modus operandi en las tomas de predios es el mismo: secuestro de personas, quema de maquinaria y uso de la violencia. Por eso, insistió en que se aprehenda a los cabecillas.

“Los avasalladores,lo único que hacen es causar zozobra entre los productores, no miden consecuencias porque hemos visto gente secuestrada. Incluso, en Pando, una persona perdió la vida; y en Cochabamba mantienen secuestradas las unidades productivas lecheras”, observó y recordó el compromiso del presidente del país, Luis Arce, cuando aseguró que no se van a permitir los avasallamientos “vengan de donde vengan” y que el tráfico de tierra ya no debe existir.

Sobre el tema, en un comunicado escueto la dirección departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Santa Cruz, sostuvo que el predio El Trébol avasallado el 2 de diciembre de 2022, se encuentra legalmente saneado y titulado y que ante esta situación el INRA coadyuvará con las instancias competentes (Juzgado Agroambiental, Ministerio Público y Policía) brindando información que sea requerida.

A su vez, María Nela Prada, ministra de la Presidencia, remarcó que el Gobierno nacional rechaza el avasallamiento de tierras en el país y pidió a las autoridades competentes que se investigue ese ilícito y se sancione a los responsables.

“Llamamos a las autoridades, como corresponde, a que se realice la investigación, se dé con los responsables y que, por supuesto, paguen por los delitos correspondientes quienes están actuando en relación a estos delitos”, dijo la autoridad, según ABI.

La posición del Gobierno nacional es coordinada con las organizaciones sociales del país, que también rechazan cualquier tipo de actividad delincuencial respecto al tema tierras, remarcó la ministra Prada.

El avasallamiento de tierra es un delito que está tipificado en la Ley 477, que establece que quien ocupe de manera violenta o de otra forma tierras privadas o fiscales, tendrá una sanción de tres a ocho años de cárcel.

Guarayos, zona más afectada

Fidel Flores, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), sostuvo que tienen reportes de predios tomados en el Este de Santa Cruz, pero que la mayor cantidad se da en predios productivos y tierras fiscales en la zona de Guarayos, donde considera que hay una arbitraria aplicación de las normas que originaron la creación de la Reserva Forestal y que fueron modificadas por la ley que aprueba el Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz (PLUS).

“Creemos que en este momento es la zona de mayor conflicto, porque se ha enviado el mensaje a las organizaciones sociales de que toda la actividad productiva sería ilegal, lo cual no es evidente a la luz del PLUS”, hizo notar Flores.

Otro punto que observó es que las entidades que deben brindar protección a las propiedades privadas o tierras fiscales, no actúan de manera rápida y eficiente en los desalojos y no se sanciona debidamente a los autores, por lo que se puede inferir que la toma de hecho es permitida, o incluso apoyada desde instancias estatales.

Ante la presencia de una mayor actividad, por avasalladores, en la zona de las Lomas de Arena, la Gobernación determinó aplicar una Pausa Administrativa Ambiental con el objetivo de proteger la recarga acuífera que garantiza el 60% de la proporción de agua que consume Santa Cruz, sostuvo Luis Fernando Camacho, gobernado cruceño.

María Julia Parada, directora de Calidad Ambiental (Dicam), aclaró que la Gobernación de Santa Cruz realizó todos los pasos conforme a ley para determinar esta pausa ambiental por un periodo de 12 meses, de manera que los gobiernos municipales de Santa Cruz de la Sierra y La Guardia puedan presentar su reglamento de ordenamiento territorial y pongan en norma estos asentamiento ilegales en la zona.