Agricultores denuncian toma violenta de tierras sembradas con 2.000 hectáreas de soya en El Puente

Foto: Ipa Ibáñez

Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) señalaron que los informes preliminares dan cuenta de que el ingreso de los 'tomatierra' fue con extrema violencia, quemaron cultivos y hubo tiroteos. Hasta el momento no reportan heridos

Los productores soyeros denunciaron una toma violenta de tierras en el municipio El Puente (provincia Guarayos), distante a 241 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. El predio tiene 2.000 hectárea de soya sembrada, 400 de maíz y 400 hectáreas están listas para ingreso de ganado bovino.

Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) señalaron que los informes preliminares dan cuenta de que el ingreso de los 'tomatierra' fue con extrema violencia, quemaron cultivos y hubo tiroteos. Hasta el momento no hay un balance de heridos en la zona.

Se trata de la Hacienda Santa Rita que se dedica a la producción de alimentos, según la entidad gremial y se tiene conocimiento de que al mediodía habrá un sobrevuelo en la zona con periodistas.

La provincia Guarayos de Santa Cruz es una de las más afectadas por la toma ilegal de tierras. En junio del presente año, presuntos avasalladores de tierra ingresaron a tres predios productivos, según denunciaron los propietarios.

Los predios estaban destinados a la producción de granos y uno de los afectados fue la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

La Policía ya fue a la zona a desalojar a los avasalladores, pero estos volvieron y levantaron cerca de 250 viviendas precarias, la mayoría de estas en terrenos de Emapa. “Todo esto es con el fin de parcelar y entrar a sembrar áreas abiertas", dijo uno de los denunciantes.

En Cerro Chico de la provincia Guarayos, son unas 55 viviendas construidas de manera precaria, donde están organizados para no ser desalojados. Mientras que en Cerro Grande se se evidenció otras 70 viviendas construidas con maderas, calaminas o carpas.

El mes pasado, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, expresó que en ningún caso los avasallamientos están avalados por alguna entidad del Estado y adelantó que se actuará conforme a ley para poner a los responsables tras las rejas.

FUENTE: EL DEBER