Urbanizaciones avanzan sobre viñedos y áreas protegidas del Valle Central de Tarija: especialistas exigen auditoría al INRA por “daños irreparables”

La expansión descontrolada de urbanizaciones en el valle central de Tarija no solo amenaza los viñedos y la producción de uva, sino también áreas comunales, patrimonio natural y zonas históricamente protegidas. A estas advertencias se suma ahora la denuncia de especialistas en ordenamiento territorial y exautoridades agrarias, quienes demandan una auditoría urgente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por presuntas irregularidades en el saneamiento de tierras durante los últimos años.

Urbanizaciones avanzan sobre zonas productivas

La Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), la Asociación Nacional de Viticultores (ANAVIT) y la Federación Departamental de Viticultores (Fedevit) hicieron un llamado conjunto a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para regular la venta clandestina de tierras agrícolas, una práctica que crece sin control en el valle central.

El presidente de la FEPT, Franz Molina, alertó que miles de hectáreas aptas para el cultivo de uva, hortalizas, frutales y granos en Cercado y Uriondo están en riesgo de desaparición. “Familias campesinas y productores están parcelando sus áreas de cultivo para vender lotes. Esto empuja la mancha urbana hacia zonas vitales para la agricultura y la economía regional”, advirtió.

Las zonas con mayor presión urbanística son Santa Ana La Nueva, La Pintada, San Isidro, La Ventolera, Ancón, Pampa La Villa, El Portillo, Tolomosa, San Jacinto, San Andrés, entre otras áreas históricamente reconocidas por su vocación productiva.

Ante este panorama, el sector empresarial pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional una ley nacional que frene el tráfico de tierras productivas, un problema que, aseguran, ya afecta a varios departamentos del país.

Preocupación por daños a la producción y al turismo vitivinícola

Para José Luis Sánchez, vocero de la Cadena de Uva, Vinos y Singanis, el valle central podría perder en pocos años su paisaje característico, reconocido internacionalmente como “la Toscana boliviana”. Con él, también se verían afectados el turismo enológico, el empleo rural y la identidad agrícola del departamento.

Actualmente se estima que el valle cuenta con 3.200 hectáreas de vid, de las cuales la mitad corresponde a la variedad Moscatel de Alejandría, base para la elaboración de singani y fruta de mesa. Sin embargo, los datos no han sido actualizados desde 2018–2019 debido a la falta de publicación de un censo concluido recientemente.

El impacto económico es notable: más de 5.000 familias dependen de manera directa de la producción y al menos 3.500 personas trabajan en bodegas, cultivos, comercialización y distribución.

Expertos alertan: el INRA saneó “hasta los paredones de los cerros” y "los monumentos naturales como La Angostura"

La preocupación no se limita a los productores. Especialistas en gestión territorial y exfuncionarios del sector agroambiental han denunciado que el proceso de saneamiento del INRA, especialmente en gestiones vinculadas al MAS, dejó daños que califican de “gravísimos” para Tarija y sus comunidades.

Según estos expertos, el INRA saneó propiedades incluso en zonas no aptas para asentamientos, como cerros, paredones, áreas comunales históricas y monumentos naturales. Entre los casos más mencionados se encuentran:

La Angostura, donde el cerro —considerado patrimonio natural y parte del paisaje icónico de Tarija— aparece ahora con lotes registrados e incluso construcciones atribuidas a programas como la AE Vivienda.

San Andrés, Tolomosa y la zona de Comadrecillo, donde se habrían legalizado asentamientos sobre tierras comunales o ecológicamente frágiles.

Áreas de recarga hídrica y zonas productivas, que terminaron subdivididas sin criterios técnicos.

Los especialistas sostienen que estos procesos “desconocieron la vocación de uso del suelo”, vulneraron normas ambientales y abrieron la puerta a loteamientos masivos que hoy amenazan los viñedos.

Por ello, exigieron una auditoría técnica y jurídica al trabajo del INRA en Tarija, para determinar responsabilidades y revertir los procesos que hayan dañado el patrimonio natural y productivo. “No se puede sanear cerros, monumentos ni áreas comunales, y menos legalizar asentamientos en zonas que alimentan la economía agrícola del valle”, afirmaron.

El llamado del sector vitivinícola: preservar la producción y el paisaje

El gerente de la Asociación de Vinos y Singanis de Bolivia, Fernando Galarza, recordó que el sector ya alertó en agosto sobre el deterioro de la frontera agrícola, que no crece, mientras los loteamientos avanzan sin freno.

Galarza explicó que urge una normativa que impida fraccionamientos de áreas productivas y evite que la expansión urbana destruya la base económica del departamento. Además, advirtió que algunos productores están reemplazando sus viñedos por cultivos de papa o tomate, debido a mejores precios, lo que acelera la pérdida de superficie vitícola.

“Es fundamental preservar no solo la productividad, sino el paisaje que sostiene la Ruta del Vino y el turismo enológico. Si el valle pierde su identidad agrícola, Tarija perderá uno de sus pilares económicos”, insistió.