Transporte Libre da plazo hasta el 20 de octubre para anular contrato de fotomultas en Tarija

El Transporte Libre de Tarija dio un plazo hasta el 20 de octubre al Gobierno Municipal para rescindir el contrato con la empresa Smart Solutions, responsable del sistema de fotomultas en la capital chapaca. Pasada esa fecha, el sector no descarta asumir medidas de presión, denunciando que el sistema constituye un abuso en los cobros y que fue implementado sin la debida socialización con los sectores involucrados.

El dirigente del Transporte Libre, Luis Casso, cuestionó duramente la forma en que se están aplicando las sanciones, asegurando que los montos se incrementan de manera desproporcionada con el paso de los días, llegando a multiplicarse hasta por cinco respecto al valor inicial.

“Las multas se cobran con interés sobre interés. Una infracción de 62 bolivianos, después de algunos días, llega a costar 300. Hemos dado plazo al alcalde hasta el 20 de octubre; a partir de esa fecha, vamos a tomar las medidas que sean necesarias”, advirtió el dirigente.

Casso también criticó el estado del sistema vial urbano, afirmando que el municipio no ha garantizado condiciones adecuadas para aplicar un sistema automatizado de control vehicular.

“En Tarija tenemos semáforos obsoletos, sin temporizadores; avenidas sin alumbrado público; rompemuelles despintados y calles llenas de baches. En lugar de solucionar esos problemas, la Alcaldía se dedica a multar al ciudadano”, reclamó.

Según el dirigente, el sistema de fotomultas no fue socializado con el sector del transporte, lo que genera desconfianza sobre los criterios técnicos y legales bajo los cuales se está aplicando. Añadió que el transporte libre no reconocerá las multas emitidas hasta que se revise y anule el contrato con Smart Solutions.

El conflicto se suma al malestar expresado por otros sectores sociales y vecinales, entre ellos la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y la Federación del Autotransporte “15 de Abril”, que también demandan una revisión integral del convenio y una auditoría al sistema de control vehicular implementado por el municipio.

Estos sectores sostienen que, más allá de la necesidad de mejorar la seguridad vial, el sistema actual carece de transparencia y equidad, y castiga al ciudadano sin ofrecer soluciones a los problemas estructurales de tráfico, señalización y mantenimiento de vías.

Mientras tanto, desde el Gobierno Municipal aún no se emitió un pronunciamiento oficial sobre el ultimátum del Transporte Libre. Sin embargo, se prevé que en los próximos días se convoque a una mesa de diálogo para intentar evitar nuevas protestas y buscar un acuerdo que combine control y educación vial, sin afectar a los transportistas ni a la población.

FUENTE: AGENCIAS