LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Transparencia recibe 65 denuncias contra jueces y fiscales
El Viceministerio de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia recibió 65 denuncias por presuntos hechos de corrupción contra jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Magistratura, Derechos Reales y efectivos policiales, informó Yamil García, viceministro de Transparencia. La fecha del anuncio no fue especificada.
Las denuncias fueron registradas mediante distintos canales, entre ellos un código QR, en medio de investigaciones que involucran al exfiscal general Róger Mariaca, al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Rómer Saucedo y a otros exoperadores judiciales. García aclaró que no vinculó directamente los 65 reportes con esos casos.
“Al día de hoy, el Viceministerio de Transparencia ha recibido 65 denuncias en contra de diferentes instancias vinculadas al sistema de administración de justicia. Gran parte de las denuncias han sido recibidas por un código QR”, precisó García.
Del total, 25 denuncias corresponden a autoridades judiciales; 24, a fiscales; 13, a funcionarios del Consejo de la Magistratura y Derechos Reales, y tres, a efectivos de la Policía Boliviana. Los señalamientos se refieren a posibles irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus funciones y deben ser investigados.
García anunció que en los próximos días se habilitará una plataforma para facilitar el registro y seguimiento de denuncias. El mecanismo también recibirá reportes sobre funcionarios de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, además de gobernaciones, alcaldías y otras instituciones públicas. La fecha de lanzamiento aún no fue definida.
Como ejemplo, el viceministro mencionó una denuncia presentada hace casi dos años contra funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Potosí. Según explicó, un fiscal rechazó la acusación y esa decisión fue objetada por el Gobierno.
“Hemos aperturado una línea investigativa a todas las autoridades del sistema de administración de justicia que hayan sido denunciadas por hechos de corrupción, por favorecer a ciertas personas o a ciertas empresas”, afirmó.
El viceministro sostuvo que la ampliación de los canales busca facilitar que la ciudadanía comunique posibles actos de corrupción. Las acusaciones deberán ser evaluadas por las instancias competentes y no constituyen prueba de culpabilidad.