Tariquieños demandan derogar decretos a favor de petroleras

Walter Ferrufino, Eduardo Fernández, Alfredo Huarachi y Miguel Ángel Gallardo no firmaron la Resolución de la reunión entre los comunarios de la Reserva de Tariquía y las autoridades departamentales y provinciales.

Los habitantes de Tariquía, autoridades departamentales y provinciales de O’Connor conformaron un Comité para exigir al Gobierno Nacional la derogación de los decretos que habilitan en ingreso de las empresas petroleras al territorio de Tariquía. La conclusión, a pesar de las disputas entre las autoridades que aún persisten apoyar las decisiones del Ministerio de Hidrocarburos, fueron claras: No habrá explotación de hidrocarburos dentro de la Reserva de Tariquía.

Fue una jornada tensa. En el puente Chiquiacá Norte de la comunidad del mismo nombre en O’Connor, los habitantes de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía se reunieron tras firmar un acuerdo con Petrobras y la Policía boliviana, el pasado primero de marzo.

El pacto fue quebrado por el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la anterior semana cuando 100 efectivos policiales ingresaron de manera sorpresiva para una reunión de socialización del proyecto Domo Oso X1 de perforación para la explotación de hidrocarburos con las autoridades del nivel central. Los comunarios alertaron a la población departamental y convocaron su presencia en una reunión.

Un grupo durmió en la intemperie y al amanecer se organizaron en el puente Chiquiacá. Poco a poco asambleístas, dirigentes campesinos, cívicos y universitarios se sumaron. El gobernador, Adrián Oliva, llegó a la concentración a las 11.00 y después de saludar a los allí presentes firmó uno de los libros que será una de las pruebas sobre la postura en rechazo de las petroleras.

El Comité en Defensa del 45 por ciento a la cabeza de Eduardo Fernández; el subgobernador de O’Connor Walter Ferrufino; el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), Miguel Ángel Gallardo; el ejecutivo de la Central de Campesinos de Entre Ríos, Alfredo Huarachi, también formó parte de la reunión.

La protección al medio ambiente, las consecuencias a largo y a corto plazo de un modelo extractivita en el país, el saqueo de recursos naturales sin retribución alguna para las comunidades que son penetradas, la manipulación de las autoridades, la consulta previa ilegítima, los decretos que fueron aprobados por el Estado que fueron valorados por encima de la Constitución Política del Estado (CPE), la vulneración de los derechos de los campesinos y el resurgimiento de las mujeres en su liderazgo fueron los temas de los discursos. Alrededor de 20 representantes de las comunidades no titubearon al frente.

Uno exponía su situación. La falta de recursos y las necesidades de sus pueblos no iban a ser un motivo para permitir que se acepten los proyectos que son presentados por el Gobierno Nacional a cambio de permitir el ingreso de las empresas petroleras. La reunión prosiguió.

“¿Dónde están los representantes de YPFB? ¿Dónde está Petrobras? ¿Dónde está el Ministerio de Hidrocarburos?”, preguntaron ante los presentes. No hubo respuesta. Pasó al frente Ferrufino y pidió diálogo. Pasó al frente Gallardo y pidió diálogo. Pasó Huarachi y pidió diálogo.

Las conclusiones denegaron cualquier posibilidad de diálogo porque se consideró que hubo reiteradas ocasiones en las que se esperó la presencia de personeros del Gobierno Nacional pero no respondieron. El compromiso fue casi un éxito. No todos firmaron la Resolución, entre ellos Ferrufino, Fernández, Gallardo y Huarachi. La llovizna los acompañó toda la jornada.

En la Resolución pidieron la abrogación de los decretos que posibilita el ingreso de las petroleras a Tariquía, rechazaron la consulta previa que muestra el Gobierno Nacional como una prueba para los proyectos de exploración y explotación en la Reserva. Pidieron la anulación de los contratos petroleros que se han realizado dentro del territorio de Tariquía y la anulación del plan de manejo de la segmentación de comunidades que realizó el Gobierno. Además, está en vigencia proponer que Tariquía sea declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad.

FUENTE: EL PAÍS

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