Tarija busca terminar contrato de San Jacinto por reparto eléctrico

La Gobernación de Tarija busca poner fin al contrato que permite a ENDE Guaracachi operar el componente hidroeléctrico de la represa de San Jacinto, al considerar desfavorables las condiciones acordadas en 2015. La gobernadora María René Soruco impulsó la terminación del convenio y abrió la posibilidad de una salida negociada con la empresa estatal.

El acuerdo, suscrito el 21 de agosto de 2015 por un periodo de 30 años, establece que el 92% de las utilidades de la generación eléctrica corresponde a ENDE Guaracachi y el 8% al Gobierno departamental, según los antecedentes públicos del convenio.

Pedido de información y negociación

La administración departamental solicitó información sobre las condiciones del contrato y plantea una reunión bilateral para buscar una terminación de mutuo acuerdo. Hasta el momento, no se informó que el convenio haya sido rescindido ni que exista un acuerdo definitivo con ENDE.

La Gobernación considera que el reparto de utilidades no refleja adecuadamente los intereses de Tarija sobre una infraestructura construida como parte de un proyecto múltiple, que también beneficia al sector agrícola.

Generación eléctrica y agua para riego

La controversia también incluye las condiciones de operación de la central hidroeléctrica. El uso del agua del embalse para generar electricidad debe compatibilizarse con las necesidades de riego de los productores del valle central.

San Jacinto fue concebido como un proyecto múltiple, con funciones de generación eléctrica, riego y otros usos vinculados al desarrollo regional. El embalse abastece a familias productoras de Cercado y Uriondo, por lo que el manejo del nivel de agua resulta determinante para la actividad agrícola.

En septiembre de 2023, la Gobernación informó que había acordado con ENDE Guaracachi elevar el nivel mínimo de operación para la generación eléctrica, con el propósito de garantizar la dotación para los regantes. En esa oportunidad, el entonces gobernador Óscar Montes señaló que el riego debía priorizarse y que la generación tenía que adecuarse a la disponibilidad hídrica.

La actual administración busca que la revisión del contrato permita replantear las condiciones bajo las cuales se utiliza el agua de la represa y se distribuyen los ingresos derivados de la electricidad.