Tarija crea corredor ecológico para proteger el río Pilcomayo

El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija impulsa una gestión preventiva para proteger el río Pilcomayo y los ecosistemas de agua dulce del Gran Chaco boliviano. La iniciativa se formalizó con la creación de un corredor ecológico de 351.426,19 hectáreas entre los municipios de Villa Montes, Yacuiba, Caraparí y Entre Ríos.

La Ley Departamental 516 Corredor Ecológico del Pilcomayo fue promulgada en abril de 2026 y busca conservar el patrimonio natural y cultural, la biodiversidad y los ecosistemas de las riberas del río, además de promover el desarrollo sostenible bajo un enfoque de nueva economía forestal.

El secretario de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de Tarija, David Castellanos, explicó que el deterioro del Pilcomayo compromete la calidad y disponibilidad del agua, la seguridad alimentaria y los medios de vida de las familias indígenas y rurales de la región. “Proteger los ecosistemas no es solo una responsabilidad ambiental, es una decisión estratégica para garantizar la seguridad hídrica, la salud pública y el desarrollo sostenible”, afirmó a EFE.

El corredor se extiende por las provincias Gran Chaco y O’Connor, y fue promovido por la Secretaría de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente y la Asamblea Departamental de Tarija, con asistencia técnica de la ONG Nativa y respaldo de The Pew Charitable Trusts. La propuesta también recoge peticiones de comunidades indígenas que, según Iván Arnold, director ejecutivo de Nativa, plantean desde 2016 la necesidad de otorgar al río un estatus de protección.

El Gran Chaco abarca territorios de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, mientras que el Chaco boliviano depende en gran medida de los ríos Pilcomayo, Parapetí y Bermejo debido a la escasez de agua. David Tecklin, director del proyecto del Pantanal y Gran Chaco de Pew, señaló que sin estos ríos sería “extremadamente difícil mantener la vida en el Chaco”. También destacó su aporte al microclima y a la pesca histórica de los pueblos guaraní, weenhayek y tapiete.

La minería y el cambio de uso del suelo incrementaron la preocupación por las fuentes de agua dulce. Castellanos informó que la Gobernación realizó inspecciones contra la minería ilegal en Oruro y Potosí, donde encontró actividades que, según indicó, “casi todo” carecía de permisos, incluido el lavado de oro. Además, se coordinan visitas de campo con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera para revisar concesiones otorgadas a empresas sin plan de manejo ni licencia ambiental.

Para las comunidades, el río también representa una fuente de alimentación y sustento. Lorgio Bustos, capitán de la comunidad indígena Tentaguasu, de Entre Ríos, recordó que sus antepasados se asentaron a orillas del Pilcomayo y que el sábalo es fundamental para su economía. “Esperamos que con el corredor tengamos alternativas de proyección y programas para las comunidades. Que se trate de conservar lo que existe del río y que sus áreas no sean deforestadas”, manifestó.