Relator de la ONU retrata la precariedad de la justicia en Bolivia y pide su independencia

Las 10 observaciones preliminares que realizó el relator especial de Naciones Unidas para la libertad de jueces y abogados, Diego García-Sayán retratan la precariedad de la justicia en Bolivia, y aunque evitó hablar de ella en su conferencia de prensa, plantea la independencia como un objetivo a lograr en un documento que entregó a los medios.

“No me gusta generar titulares fatalistas”, dijo en la conferencia de prensa con la que concluyó su visita de una semana al país en la que tuvo más de 30 entrevistas con autoridades y algunas instituciones de la sociedad civil. Evitó referirse a la injerencia política en la justicia boliviana.

Sin embargo, sí lo hizo en el documento que entregó al final. “Justicia independiente, el objetivo a conseguir. Durante el tiempo que pasé por Bolivia he notado la extendida atención que la sociedad y las instituciones bolivianas le dan a la justicia, a la necesidad de superar las limitaciones y contar con una justicia más transparente, independiente y al servicio a la sociedad”.

Complementó que durante su visita, constató que la independencia del sistema judicial “debe ser garantizada por el Estado. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y a acatar dicha independencia”.

Complementó que la tarea pendiente de asegurar la independencia judicial es un reto que Bolivia debe encarar con firmeza. “Espero que los insumos que pude dar en mi visita y que ampliaré en mi informe final contribuyan a enfrentar este reto”, señaló.

A partir de esto, las siguientes nueve observaciones reflejan la situación precaria del sistema.

La justicia está lejos de la gente, dice el informe. El impacto de la corrupción en el sistema judicial y la profunda desconfianza que existe en la justicia llamaron su atención. Escuchó testimonios de personas que fueron extorsionadas por jueces, fiscales, y autoridades penitenciarias para facilitar procesos o cursar órdenes. Además, que no denuncian por temor. 

Mencionó el caso de la excarcelación irregular de Richard Choque por una orden de un juez que conmocionó a la opinión pública dado el atroz feminicidio cometido y por la corrupción que explica su liberación.

“Comparto esa consternación. En enero de 2022, él mismo confesó que había dos cadáveres enterrados en su casa consecuencia de otros homicidios cometidos por él; luego se localizó a otro cadáver, y Choque ya había sido condenado a 30 años de prisión por el secuestro y asesinato de otra mujer y le fue permitida la detención domiciliaria por un procedimiento exprés corrupto basado en un informe médico falso”, afirmó el relator.

Mencionó el caso de Felipe Froilán Molina, alias el Killer, condenado a 30 años por el asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero fue beneficiado con una irregular libertad el 20 de febrero de 2020”. Complementó que estas “situaciones son preocupantes indicadores de lo que puede ser posible por medios ilícitos e irregulares y deben ser sancionados con todo el peso de la ley. La corrupción puede ser, como se ve, una herramienta de ataque a la independencia judicial”.

La dificultad del acceso a la justicia para las mujeres estuvo en el informe preliminar de García-Sayán. “Muchas de las víctimas con las que hablé eran mujeres”. Un estudio de ONU Mujeres de 2019, reseñó, se crearon 27 juzgados y tribunales especializados bajo la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348). Los juzgados están saturados y atienden delitos de corrupción.

Indicó que se produjeron 869 feminicidios entre 2013 y octubre de 2021, uno cada tres días y medio. Solo el 31% ha obtenido sentencia. Según datos de la Fiscalía, hasta el 17 de febrero se registraron otros 15 y hay dos en investigación. Coincidió con la propuesta de “la Defensora del Pueblo para que se creen 31 juzgados para la violencia contra la mujer”.

Lamentó que la justicia indígena no se aplica en el país porque no encontró seguimiento en la ley de deslinde jurisdiccional de 2010, porque tiene disposiciones que restringen su aplicación.

También preocupan los privados de libertad. Para marzo de 2021, según datos de Régimen Penitenciario que recoge el relator, hay 20 recintos penitenciarios urbanos con capacidad para albergar a 5.346 personas. La población asciende a 18.703, lo que supone una tasa de hacinamiento de 349,8%. Para marzo de 2021, el 64,10% están con detención preventiva, es decir, que siete de cada diez no tienen condena.

En este ámbito mencionó el caso de Jeanine Áñez, para quien reclamó el acceso a la atención médica.

La estructura y gestión del Órgano Judicial sigue siendo limitada al área urbana. Con datos del Tribunal Supremo de Justicia, remarcó que en 2020 había 1.095 jueces que manejan un promedio de 530 causas, cada uno.

El servicio de defensa pública llega solamente a 106 de 340 municipios, el Defensor del Pueblo tiene 54 personas y el servicio de asistencia a las víctimas, 43. Sugiere descongestionar la jurisdicción ordinaria y acercar la justicia a las comunidades rurales.

La carrera judicial perjudica a la independencia, según García-Sayán. Sólo el 44% de los jueces son de carrera. Existe una alta proporción de jueces transitorios, que supera a los 500, es un generador de inestabilidad y que no alienta a una conducta independiente de quienes desempeñan la judicatura.

“Quisiera destacar la importancia que tiene para la independencia judicial contar con una sólida carrera judicial y un presupuesto adecuado”, acotó.

Sobre los recursos, el presupuesto bajo asignado a todo el sector justicia, incluido el Ministerio Público, no llega al 0,50% del total del presupuesto nacional, lo que no permite sustentar la institucionalidad dotada de los recursos indispensables y, en especial, de remuneraciones adecuadas que atraigan las mejores personas y que prevengan la corrupción y otras tentaciones.

Sobre el Ministerio Público, señaló que recibió muchas denuncias sobre la dificultad que enfrentan para obtener información y datos del Órgano Judicial y la Fiscalía. Por ello, tomó nota que en Bolivia aún no existe una ley de acceso a la información pública.

El Instituto de Investigaciones Forenses, que depende del Ministerio Público, tiene nueve oficinas departamentales y 26 regionales, “es decir que cubre solo el 10% de los municipios a escala nacional y no alcanza para responder a la demanda. Cuenta con recursos humanos insuficientes en ciertas especialidades, lo que crea desconfianza en sus pronunciamientos”.

Además, lamenta que en el caso de las mujeres víctimas de violencia, reclamó al Ministerio Público la lentitud, porque el 80% de los delitos sexuales contra las mujeres no tuvo proceso judicial alguno, y por ello pide que debe haber una carrera fiscal.

En la parte que mayor polémica generó, se refirió a “las graves violaciones de derechos humanos” en los hechos de Sacaba y Senkata. “Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia”, afirmó. 

Criticó el proceso de selección u designación de altas autoridades judiciales. “Quisiera expresar mi preocupación ante la baja legitimidad en las votaciones para la elección de magistrados y magistradas de las Altas Cortes. La escasa participación del electorado, siendo hasta del 78%, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Órgano Electoral Plurinacional, es uno de los porcentajes más bajos de los últimos años en Bolivia, donde se suele superar el 90% de concurrencia ciudadana. La mayor parte de los votos fueron blancos o nulos”.

Apoya la reforma sin el requisito de un cambio constitucional, con un proceso de preselección en base a un acuerdo nacional que se debe construir de forma plural.

Fuente: EL DEBER