Productor ganadero describe modus operandi de avasalladores que quemaron su propiedad y generan incendios

Foto: R. Castedo

El productor ganadero René Castedo víctima de vandalismo e incendio en su propiedad, describió cómo las mafias organizadas operan y causando zozobra, provocando incendios en el departamento de Santa Cruz. Acusó también la lentitud cómplice de autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Castedo, quien posee una propiedad en la provincia Ñuflo de Chávez, relató que después de presentar una denuncia ante la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), la mañana del 11 de septiembre, retornó a su propiedad junto a acompañantes y representantes de la entidad y la encontró vandalizada e incendiada de manera intencional.

Los avasalladores hicieron boquetes en los cielos falsos de los dormitorios de sus trabajadores, y aplicaron diésel mezclado con aceite quemado para prender fuego a los techos de las viviendas.

“Por protección divina, yo creo, no ardieron los techos y tampoco todos los horcones y más bien quedó toda la evidencia de los actos dolosos causados por los delincuentes”, expresó el ganadero que tiene derecho propietario sobre las tierras que ocupa para sus labores productivas desde hace 25 años.

Según Castedo, a pesar de haber obtenido un fallo favorable en el año 2008 del Tribunal Agroambiental Nacional, que reconocía sus derechos sobre el terreno, de manera inexplicable su proceso de saneamiento en el INRA se prolongó desde entonces y no concluye hasta la fecha, con artimañas procesales que dilatan la titulación de la propiedad.

Mencionó que estos actos solo fueron el inicio de otros hechos graves y delictivos. Asimismo, tuvo que comenzar a monitorear su propiedad mediante imágenes satelitales y, gracias a ello, logró detectar incendios provocados de manera intencional cerca de sus tierras.

Los grupos delictivos tomaron su propiedad en diversas oportunidades; lo que lo llevó a presentar denuncias ante las autoridades competentes hasta la emisión de una orden de desalojo, que se ejecutó en diciembre de 2022. Pero en los últimos años, la situación se ha vuelto más crítica, puesto que los grupos irregulares comenzaron a amenazar a sus trabajadores y a obstaculizar el acceso a la propiedad, derribando árboles para impedir el ingreso.

De acuerdo con expertos en materia agraria en Bolivia, los avasallamientos de tierras han aumentado con un modus operandi claro y agresivo que deja a los propietarios legítimos en situaciones de gran vulnerabilidad. Estos actos suelen comenzar con la ocupación física de los terrenos, que a menudo incluyen la construcción de cercas, y siguen con la quema de cultivos y bosques existentes, en un intento por legitimar el control sobre la tierra tomada.

FUENTE: EL DEBER