Polémica en Frontera Argentina: Vecinos de Aguas Blancas rechazan calificativo de “Narcolandia” y piden respeto a su comunidad

Las recientes declaraciones del interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, en las que habría calificado a la localidad fronteriza como “Narcolandia”, generaron malestar entre vecinos y referentes sociales, quienes consideran que la expresión estigmatiza de forma injusta a una comunidad trabajadora.

La referente local Vides cuestionó que Zigarán, quien en los últimos meses ha tenido amplia presencia en medios y redes sociales por sus declaraciones sobre el Plan Güemes y la situación en la frontera, no haya tomado en cuenta la realidad cotidiana de los habitantes.

“Desde la visión local, afirmar que la totalidad o la mayoría de los vecinos participan en actividades ilegales es un grave error. Según estimaciones en la zona, apenas un 1,5% de la población podría estar vinculada a delitos, algo que debe ser investigado por la Justicia, pero que de ninguna manera representa al conjunto de la comunidad ni al grueso de trabajadores bagayeros que luchan por subsistir de forma honesta”, remarcó.

Vides subrayó que, al no conocer ni experimentar de primera mano las condiciones del trabajo bagayero, el interventor pierde de vista el esfuerzo y la necesidad de dignificar esta actividad. “La narrativa construida desde afuera, sin diálogo con la comunidad, es contraproducente y abre una brecha entre la autoridad y el pueblo. Necesitamos un cambio en el enfoque institucional, basado en el respeto, la escucha activa y el trabajo conjunto con quienes sostienen la economía local día a día”, afirmó.

Críticas al impacto del Plan Güemes

En un documento presentado a autoridades del Ministerio de Seguridad, Vides alertó sobre los efectos colaterales del Plan Güemes en su aplicación actual, especialmente en los derechos de circulación de los vecinos de Aguas Blancas.

Si bien la normativa establece que todas las personas deben pasar obligatoriamente por Migraciones, el puesto de control no cuenta con la infraestructura ni el personal suficiente para registrar a miles de personas a diario, lo que provoca demoras, colapsos y largas filas.

Para los residentes locales, esta situación representa una dificultad adicional, ya que no existe atención diferenciada ni un sistema que los identifique y les permita un tránsito más ágil. En ese sentido, recordó la implementación previa de la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF), que garantizaba la libre circulación de trabajadores y residentes, evitando esperas innecesarias y adaptándose a las dinámicas laborales flexibles e informales de la zona.

“La eliminación de este sistema ha perjudicado directamente a quienes dependen del cruce diario, obligando incluso a algunos a borrarse del sistema migratorio si no logran regresar en los horarios establecidos, generando problemas administrativos evitables”, señaló.

Limitaciones de acceso y problemas de infraestructura

Vides también denunció que, actualmente, los vehículos no pueden llegar hasta el área del puente internacional, lo que obliga a los transeúntes a recorrer a pie más de dos kilómetros entre el edificio de Migraciones y el paso fronterizo. Esto afecta de forma particular a adultos mayores, personas con discapacidad o movilidad reducida, y familias con niños o cargas pesadas.

Advirtió que el camino carece de iluminación nocturna, aumentando el riesgo de accidentes o hechos de inseguridad. “No se trata solo de incomodidad, sino de una vulneración de derechos básicos como la accesibilidad y la seguridad”, enfatizó.

Asimismo, señaló que en las inmediaciones del puente existe una zona ribereña utilizada por los vecinos como espacio recreativo, donde se organizan partidos de fútbol, reuniones familiares y actividades de esparcimiento. Sin embargo, la falta de regulación y desarrollo impide aprovechar plenamente este recurso social. 

FUENTE: El TRIBUNO