Nueva estafa inmobiliaria en la ciudad de La Paz afecta a 30 familias

Los denunciantes pagaron anticipos para adquirir departamentos en dos edificios de la sede de Gobierno. Uno quedó abandonado a media construcción y del otro no existe ni el terreno.

¿Una nueva estafa inmobiliaria en La Paz? Al menos 30 familias piden la devolución de los anticipos que dieron por unos departamentos que hoy no existen. Los inmuebles eran parte de dos proyectos inmobiliarios que debían construirse en Miraflores y Sopocachi. Pero, sin previo aviso, el primero (que empezó en 2018) abandonó la construcción hace varios meses, mientras que el segundo fue descartado.

Los afectados pagaron entre 16.000 y 40.000 dólares, como enganche de preventa. Suman casi medio millón de dólares.

Con el fin de obtener una contraparte, Página Siete se contactó con una de las personas denunciadas y con el representante legal del responsable de ambos proyectos. Se indicó que se gestionaría una entrevista virtual para esta semana para dar su versión sobre las acusaciones.

En resguardo de la seguridad de los denunciantes y denunciados, a fin de evitar represalias, sus identidades se mantienen en reserva. Cada uno de los documentos presentados como prueba fueron verificados.

Pagos de $us 16.000 a 40.000

“Tengo una desilusión muy grande. Pagué el anticipo del departamento con los ahorros de toda mi vida, para tener un techo para mi esposa y para mí, pero no hay nada. Ambos somos de la tercera edad. Si no recupero el dinero, a estas alturas de mi vida, ya no podré volver a reunirlo”, lamentó T. J., uno de los afectados por el incumplimiento en la entrega de departamentos.

En 2018, la empresa Cassur SRL, mediante redes sociales, letreros y agentes de una inmobiliaria, ofertó la venta de departamentos, bauleras, parqueos y locales comerciales en el proyecto denominado Torre Algarrobo.

La ubicación no podía ser mejor, pues la obra está emplazada en la avenida Busch, a media cuadra de la calle Puerto Rico, en la zona de Miraflores.

El edificio debía tener más de 20 pisos, tanto en altura como subsuelos. Los departamentos tendrían todos los servicios básicos, además de acabados de calidad. Como muestra se tenía un departamento en el edificio en el que funcionaban las oficinas de Cassur, construcción que también era parte de sus proyectos.

El terreno había sido adquirido con un préstamo de una entidad bancaria. Los potenciales compradores podían ir a gestionar sus créditos para adquirir, en preventa, los departamentos. La constructora tenía todos los papeles y registros necesarios al día. Nadie pensó que todo se vendría abajo.

“Yo entregué 27.000 dólares (187.900 bolivianos), nos pedían el 30% del costo del departamento para acceder a la preventa”, relató E. G. Se enteró del proyecto en enero de 2019, por un letrero que la empresa colocó en el predio donde se construiría la torre. “Todavía era una casa”.

El contrato que los afectados firmaron en enero de 2019 señalaba que el proyecto ya estaba en construcción y que el plazo de entrega sería de 17 meses. Pese a que, como explica E. G., ni siquiera se había hecho la demolición de la que ocupaba el terreno.

De acuerdo con los plazos del contrato, el edificio debió ser terminado en mayo de 2020.

“Poco antes de cumplirse el plazo nos dijeron que no podrían cumplir y que tardarían un año más. Nosotros entendimos porque estábamos en plena pandemia”, explicó otro afectado que anticipó más de 30.000 dólares.

Para nadie es desconocido los conflictos por los que pasó el país durante noviembre de 2019 y la crisis sanitaria que paralizó al mundo durante 2020. Si bien entendían los argumentos para el retraso de la entrega, sí quedaban dudas de por qué había tan poco avance en la construcción.

La cuarentena rígida llegó al país en marzo de 2020, apenas dos meses antes del plazo de entrega. Pero hasta ese momento sólo se habían vaciado dos lozas, un avance muy bajo para los 20 pisos proyectados.

“La obra no avanzaba, pero nos pedían las cuotas de forma insistente y nosotros pagamos porque teníamos un contrato firmado”, dijo A. E., otra afectada.

“Primero nos explicó que no había financiamiento, luego que el problema era la pandemia y luego desapareció y la obra se paralizó. Se ha quedado ahí en dos lozas”, afirmó M. P.

De acuerdo con una fuente del Servicios Integrados de Justicia Plurinacional (Sijplu), dependiente del Ministerio de Justicia, a esta instancia llegaron varios de los afectados. Hay procesos de conciliación iniciados, pero no se logró contar con la presencia de la parte acusada.

En uno de los casos se llegó a tener cinco invitaciones para una reunión de conciliación. “Pero el señor A. C. no da la cara”.

Otro afectado señala que trató de hacer la denuncia por la vía civil y pedir la anotación del terreno. Pocas son las esperanzas, porque el primer acreedor es una entidad financiera y detrás hay una lista de personas que también piden la anotación del bien.

Un segundo edificio

“Yo no soy víctima del Algarrobo, sino del proyecto Aiiru”, señaló Q. P. Tiene avanzado un ir y venir de notas para la devolución de los más de 15.000 dólares que dio en adelanto en tres pagos.

No es la única afectada en este proyecto. Si bien A. C., en mayo de 2020, incumplió con la entrega del Algarrobo y la postergó por un año por la cuarentena por covid, de forma paralela promocionaba, sin excusas, otro proyecto: el edificio Aiiru, promocionado como ecológico. Debía estar ubicado en la Calle Belisario Salinas del barrio paceño de Sopocachi.

Los contratos por departamentos en el edificio Aiiru a los que Página Siete tuvo acceso fueron firmados en junio de 2020 y preveían la entrega en un plazo de 18 meses. Varios recibos firmados por A. C. como representante y gerente de Aiiru SRL (además de Cassur) dan cuenta de que recibió varios anticipos entre junio y agosto. Mientras que en el caso de la Torre Algarrobo hay una obra abandonada, en el caso Aiiru no existe ni el terreno. Aunque el contrato indicaba que la superficie tenía un documento de transferencia a la constructora y que la construcción estaba en marcha, ésta nunca empezó.

“Somos pocos los afectados, pero nosotros no tenemos ni una obra a medias”, afirmó uno de los compradores en preventa que pidió la devolución de su dinero.

Por los testimonios recogidos se sabe que la constructora desistió del proyecto. La decisión no fue comunicada a los compradores hasta un año después, cuando ya había problemas.

¿Qué pasó con la empresa?

“Hemos sido estafados, no hay otra forma de decirlo. No sólo por el arquitecto A. C., con el que firmamos los contratos, sino por su familia”, enfatizó A. E.

De acuerdo con documentación a la que Página Siete tuvo acceso, Cassur tenía dos socias C. C. y N. C. El representante legal era A. C. Todos hermanos. Al desaparecer A. C., fue C. C. quien se reunió con varios de los afectados para conciliar las devoluciones, en calidad de apoderada. Pero los compromisos se incumplieron.

A la fecha ni Cassur SRL ni Aiiru SRL cuentan con un registro en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec). En el primer caso, la empresa fue depurada del registro de Fundempresa en marzo de 2021. En el segundo, el registro no figura en el Seprec.

Información pública del Seprec da cuenta de que una de las denunciadas tiene una empresa activa en el rubro agrícola.

“Uno busca con entusiasmo tener algo en la vida. Hemos sido pacientes con las cosas que nos decía para justificarse, pero ahora desapareció. Yo sólo pido que le vaya bien para que así pueda devolverme el dinero que le di”, manifestó T. J.

“Se presentaron las denuncias correspondientes, pero no avanzan. No tenemos dónde acudir para que nos devuelvan el dinero que dimos”.

“Hemos sido pacientes con las cosas que nos decía el arquitecto para justificarse, pero ahora desapareció y no cumplió con la entrega”.

30% DE ADELANTO

fue pagado por los departamentos en preventa en Miraflores y Sopocachi.

30 AFECTADOS

buscan a mas víctimas para realizar una denuncia conjunta y recuperar su dinero.

4 AÑOS

transcurrieron desde la firma del compromiso de venta, en muchos de los casos.

Tenga cuidado con las ofertas de preventa

Asesoramiento. En el caso de compras en proyectos de preventa, pida la ayuda de un abogado de alguna de las cámaras inmobiliarias legalmente establecidas o de Defensa al Consumidor. Rige el Decreto Supremo 4732, de junio de 2022, que dispone que regula los contratos de ventas a futuro.

Afectados. Página Siete habló con aproximadamente 30 afectados de ambos proyectos, unos 20 impulsan un reclamo grupal. Unos avanzan de forma independiente y otros han llegado a un acuerdo entre partes.

Llamado. Los afectados hacen un llamado a otras víctimas de Cassur y Aiiru para hacer un recuento total de los daños e impulsar una acción conjunta.

Autoridades. Las víctimas solicitaron una audiencia con el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, quien impulsó el Decreto Supremo 4732 tras una serie de estafas denunciadas en el país.

Acciones. Los afectados acudieron al ámbito civil y penal por el delito de estafa, pero el Ministerio Público “rechazó las querellas presentadas”. Se argumentó que, al ser contratos, debe acudirse a otras vías. Se intentó conciliar ante el Sijplu, sin resultado alguno.

Ética. Se presentó una denuncia ante el Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz a objeto de que se sancione a A. C. con el retiro de su credencial, “para que no siga cometiendo más irregularidades. Nos encontramos a la espera de que pase al Comité de Ética”.

En esta ocasión, necesito pedir su apoyo, mediante la contratación de una suscripción a Página Siete Digital. La evolución hacia un modelo de negocios de suscripciones digitales es una tendencia entre los diarios más importantes del mundo.   

Por un costo cercano a $us 5 al mes, los suscriptores recibirán acceso a contenidos premium de nuestro portal www.paginasiete.bo, como el periódico impreso digital (ePaper), varios “newsletters” temáticos, podcasts, más de 12 años de archivo digital (hemeroteca), y otros productos especiales.

Si bien el servicio que le ofrecemos es sustancial para mantenerlo bien informado, lo más importante es que usted ayudará a preservar la libertad de expresión, al permitirnos alcanzar el equilibrio financiero que todo periodismo independiente necesita. 

Durante los últimos tres años, los ingresos de los periódicos del país se redujeron dramáticamente. Primero, por la pandemia, que afectó la venta de periódicos impresos y, luego, por la caída de anuncios publicitarios, causada por la crisis económica actual.

En nuestro caso, la situación se complicó aún más, por el permanente acoso al que nos sometió el Gobierno, mediante agresivas auditorías y multas de varias instituciones del Estado, que, por supuesto, no se aplican a nuestros competidores.

También hubo presión directa contra algunos clientes, como la que provino de aquel funcionario que, con argumentos infundados, “sugirió” a algunos anunciadores que no publiquen en Página Siete, lo que, por cierto, es ilegal.

Adicionalmente, recibimos frecuentes ataques verbales y/o amenazas de líderes del partido oficialista, como Evo Morales, Juan Ramón Quintana, el Procurador General del Estado, y hasta de operadores judiciales, como el ex presidente del Consejo de la Magistratura y otros más. 

Para cerrar la brecha entre ingresos y egresos contamos con el profesionalismo, creatividad y capacidad de trabajo de nuestro comprometido equipo de profesionales, pero también necesitamos su apoyo. 

Defender la libertad de expresión es una buena causa porque nos permitirá seguir fiscalizando a los poderes del Estado, controlados, casi en su totalidad, por un mismo partido, para lograr una Bolivia más justa. 

Nuestro propósito es alcanzar 10,000 suscriptores, con el apoyo de quienes valoran nuestro trabajo. El objetivo es razonable, considerando que Página Siete tiene dos millones de lectores únicos por mes, según Google Analytics, de los cuales, 75% están distribuidos en todo el país y 25% son bolivianos que residen en el extranjero.

Suscribirse a Página Siete Digital es fácil con nuestro nuevo sistema “online”, que acepta pagos por QR, tarjetas de crédito/débito y otros, solo tiene que hacer clic en el botón al final de esta nota y seguir las instrucciones.

Su apoyo puede marcar la diferencia, muchas gracias.

Raúl Garáfulic Lehm

Presidente de Página Siete

Fuente: Página 7