Ministro: la subvención incentiva el contrabando de carburantes

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, advirtió que la subvención a los combustibles se convirtió en un incentivo para el contrabando, debido a que Bolivia compra carburantes a precios elevados en el exterior y los comercializa internamente por debajo de ese costo.

“Traemos caro de afuera, traemos muy caro de afuera y la vendemos barato acá adentro. Es un negocio redondo para quienes contrabandean y roban diésel y gasolina”, afirmó Bascopé. La declaración se produjo mientras el Gobierno enfrenta dificultades de abastecimiento y demandas sectoriales para modificar o eliminar la subvención.

El ministro señaló que cada semana se requieren 55 millones de dólares para sostener este mecanismo. También sostuvo que el problema no se resolvería únicamente con un cambio de Gobierno, porque la falta de recursos continuaría mientras no se atienda la crisis económica. “Aunque usted ponga pena capital o perpetua, el tema del contrabando va a continuar”, agregó.

Bascopé vinculó la situación con el agotamiento de la bonanza gasífera y cuestionó que la subvención se haya mantenido durante años con esos ingresos. En ese marco, rechazó que la salida pase por acortar el mandato del presidente Rodrigo Paz, después de los 53 días de bloqueo que derivaron en el Estado de excepción vigente.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó que el gabinete aprobó un decreto para ampliar el Estado de excepción por otros 90 días y señaló que el Ejecutivo espera la autorización de la Asamblea Legislativa. La medida se mantendría mientras persistan los factores de riesgo, según explicó tras la reunión de gabinete.

El líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, no descartó analizar la ampliación, pero demandó que el Gobierno presente formalmente el decreto y explique los resultados alcanzados hasta el momento. Por su parte, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, rechazó una nueva reducción de la subvención mientras no se recorte el gasto público.

El gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, planteó eliminar de inmediato la subvención general y permitir que empresas privadas importen y comercialicen combustibles. Su propuesta contempla una transición de 90 días, un mecanismo focalizado para el transporte público mediante chips y el sistema B-SISA, además de evaluar un bono temporal para usuarios que dependen diariamente de ese servicio.