Juicio a Áñez se reanuda hoy y su caso es llevado a la Cumbre de las Américas

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, es acusada de la presunta comisión de los dos delitos mencionados, debido a presuntas irregularidades que habría cometido como senadora antes de asumir la Presidencia en 2019

El juicio en contra de la expresidenta Jeanine Áñez por el caso denominado “Golpe II”, en la que se la acusa por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes se reinicia este lunes 6 de junio. Su defensa asegura que existe una sentencia, aparentemente condenatoria, que se conocerá en cuestión de horas o máximo días.

Mientras tanto, las condiciones del encarcelamiento de la exmandataria desde hace más de un año y la supuesta utilización de la justicia como un instrumento de persecución serán abordados en la Novena Cumbre de Las Américas que se iniciará hoy en Los Ángeles, Estados Unidos, a la que no asistirá el presidente Luis Arce.

En el foro se instalarán espacios importantes de debates, reuniones y otros, promovidos por el político venezolano Leopoldo López, la activista cubana Rosa María Payá (Cuba) y también por la hija de la expresidenta Áñez, Carolina Ribera, quien participará por vía virtual desde Bolivia.

Sobre el juicio que se iniciará hoy, Leopoldo López adelantó “una sentencia anticipada dictada por el régimen de Bolivia contra Jeanine Áñez, ex presidente constitucional encarcelada por haber cumplido su deber patriótico de defender la vida, la libertad y las elecciones libres y transparentes frente al fraude, el caos y la violencia” e hizo “un llamado a los presidentes y líderes democráticos, en el marco de la Cumbre de las Américas, a exponer la situación de extrema gravedad que atraviesa la expresidente de Bolivia”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que lo que ahora corresponde, luego de que el Tribunal Constitucional rechazara una demanda en contra los dos delitos por los que se la imputó, es que el juzgado anticorrupción dicte sentencia a la brevedad posible. Su viceministro César Siles complementó que espera “que sea una sentencia condenatoria por todas las pruebas aportadas”.

Áñez es acusada de la presunta comisión de los dos delitos mencionados, debido a presuntas irregularidades que habría cometido como senadora antes de asumir la Presidencia en 2019.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, adelantó que pedirá 12 años de prisión para Áñez. La base de la acusación se basa en dos pilares: Primero, que Áñez habría coordinado con los militares para ser la sucesora de Evo Morales, en lo que se configuró como un supuesto golpe de Estado. Lo segundo, que ella no podía asumir ipso facto el mando del país y que debía generar la conformación de una nueva directiva en la Cámara de Senadores, para que el sucesor sea de la mayoría, es decir, del MAS.

La defensa de la exmandataria denunció que las pruebas no están ordenadas, y no definan cuáles sirven para probar el incumplimiento de deberes y cuáles para las resoluciones contrarias a la CPE.

Los abogados defensores de Áñez, Luis Adolfo Guillén y Norka Cuéllar, señalaron que para sustentar la acusación de golpe se basan en una declaración a los medios y en recortes de prensa, no presentaron pruebas concretas de cómo, cuándo y de qué manera se dio la coordinación entre ella y los entonces jefes castrenses, y acotaron que todos los militares acusados manifestaron que no conocían personalmente a la entonces senadora, y que nunca se comunicaron con ella.

Por otra parte, la defensa presentó pruebas de que la senadora Áñez, quien era segunda vicepresidente de la Cámara, durante el 2019 y en ausencia de la presidente Adriana Salvatierra y del primer vicepresidente, Rubén Medinacelli, asumió en dos ocasiones la presidencia del Senado sin necesidad de renovar directiva.

“En noviembre ocurrió lo mismo. No solamente Salvatierra ni Medinacelli estaban, sino que renunciaron a sus cargos. Por eso Áñez asumió la presidencia de la Cámara y, consecuentemente, le correspondió la sucesión constitucional. Ella no buscó absolutamente nada”, complementó la abogada Cuéllar a este medio.

De esta forma está configurado el caso. Carolina Ribera, hija de Jeanine Áñez, denunció el pasado jueves que se pretende sentenciar a su madre con tan solo 21 audiencias en el caso “golpe II”, cuando un proceso “normal”, en la justicia boliviana, conlleva más de 100.

En conversación con este medio, señaló que aún mantiene una esperanza de que algo pueda cambiar, pero admitió que siente una gran frustración. “Como boliviana y como hija, no hay a quién acudir. No al ministro de Justicia, porque es quien emite instrucciones para que se cometan los abusos, tampoco a la justicia porque son los ejecutantes de toda esta ilegalidad, ni hacerle un pronunciamiento al presidente Luis Arce, porque es el que manipula la justicia. Tampoco a la Defensoría del Pueblo, porque avaló todos los abusos cometidos contra la expresidenta. Ni a los colegios de abogados, porque no defienden el derecho. No hay a dónde acudir”.

Por ese motivo, manifestó que el camino está fuera de las fronteras.

Las instancias

De hecho, en los últimos meses, diferentes organismos internacionales han manifestado preocupación porque el caso de Áñez demuestra la injerencia del poder político y la utilización de la justicia para perseguir.

El diputado y diplomático Gustavo Aliaga enumeró una cantidad de instancias que se han pronunciado. “Este tema ya tiene una relevancia mundial”, dijo.

El Parlamento Europeo, mediante Resolución del mes de abril de 2021, en su Inciso “J”, Punto 5, ha señalado literalmente: “Insta a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial. pide al Gobierno boliviano que modifique los artículos del Código Penal sobre los delitos de sedición y terrorismo, que incluyen definiciones demasiado amplias del terrorismo, lo que da lugar a posibles violaciones de los principios de legalidad y proporcionalidad”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a través de su Informe presentado en fecha 17 de agosto de 2021, expresó: “El GIEI recomienda que el Ministerio Público y el Poder Judicial revisen todas las imputaciones y acusaciones realizadas para identificar, anular o, si posible, corregir casos en que hubo vulneración de la presunción de inocencia, ausencia de individualización de conductas, obtención de pruebas por medios ilícitos, incluso mediante malos tratos o tortura, y otras violaciones del debido proceso. Esto es aún más urgente en el caso de imputaciones y acusaciones por los delitos de terrorismo, financiación al terrorismo y sedición, realizadas en general de modo arbitrario”.

El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, el 2 de diciembre de 2021, en su Punto 23, instó a que el Gobierno boliviano debe efectuar una revisión de su legislación antiterrorista, en particular, una reforma de los tipos penales de sedición y terrorismo, a fin de garantizar que sean acordes al principio de legalidad y a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Y últimamente, el informe del Relator de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Luís García Sayán, que se dio a conocer el 22 de mayo de 2022, y cuyos puntos 85, 102 y 104, exponen literalmente: “Se observó con preocupación la existencia de tipos penales ambiguos tales como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes. Además, el Relator Especial destaca la recomendación que explica que garantizar la independencia del sistema de justicia incluye que las autoridades se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse”.

El camino

Si es que la expresidenta es condenada a 12 años de cárcel, como ha adelantado la Fiscalía, deberá acudir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, que podría pasar el caso a la Corte IDH. El constitucionalista Gustavo Mendoza Oroza señaló que en este caso, el primer paso será agotar todas las instancias de apelación en el país.

La sentencia puede demorar de uno a cinco años, pero es de alcance integral. “Obligará a la anulación del proceso viciado en la instancia ordinaria, y el resarcimiento a los daños causados a la expresidenta y a sus familiares”.