Judiciales, a merced del TCP y la Justicia hace un año

Por más de un año, las elecciones judiciales se encuentran a merced del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial. Una sucesión de sentencias, declaraciones y autos ponen en jaque a los comicios y al sistema de justicia.

La última decisión fue emitida por la Sala Primera Constitucional del Tribunal de Justicia de Pando a instancias de una postulante inhabilitada en la fase de preselección, Yeny Duri Bautista.

Se trata del cuarto recurso que frena por cuarta vez el proceso previo de las elecciones judiciales, cuyos resultados debían definir la elección de nuevos magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, y consejeros del Consejo de la Magistratura, cuyo inicio de mandato estaba previsto para el 3 de enero de este año.

Judiciales

En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS) protestó por las trabas que sufren las elecciones judiciales. “A partir de las decisiones que toma el Tribunal Constitucional y las salas se está constituyendo en un suprapoder por encima de los órganos de Estado y eso es algo que puede generar una total erosión de la institucionalidad en nuestro país”.

Similar consideración expuso antes el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), que sostiene la teoría de que la Constitución de 2009 otorgó demasiadas atribuciones del TCP.

El día de la emisión del último fallo que dejó otra vez en fojas cero los comicios, el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia cuestionó la decisión.  “La incompetencia de la ‘sala’ y el extravío en sus razonamientos hacen improcedente e inaplicable su decisión”, afirmó en la red X.

La Asamblea Legislativa “debe avanzar en el proceso de selección”, sugirió el exmandatario.

El proceso de preselección de postulantes, en su fase de evaluación oral y escrita, ya había quedado suspendido el 16 de abril por decisión de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, que atendió el recurso de otra aspirante inhabilitada, Margarita Medrano.

Hasta el martes eran 18 los recursos que ponían en vilo las elecciones judiciales de este año.

Preselección

Sin embargo, el jaque del TCP y del Órgano Judicial a los comicios comenzó el 12 de abril de 2023, cuando otra sala, Tercera Constitucional del Tribunal de Justicia de Beni, frenó el primer proceso de preselección. Entonces, apenas había cinco postulantes inscritos y Miguel Ángel Balcázar interpuso una acción de amparo constitucional contra la Resolución de la Asamblea Legislativa 007/2022-2023, de 20 de abril de 2023, de convocatoria y reglamento de elecciones.

Luego, el 27 abril, el TCP admitió un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la misma resolución, presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, que también dejó en suspenso el proceso. En medio de la incertidumbre, luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa, el 5 de junio, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1513, Transitoria de Elecciones Judiciales, que dispuso 70 días para el desarrollo de los comicios.

Tres meses después y en el plazo procedimental límite, el 31 de julio, el TCP emitió su Sentencia 060/2023, que dejó en fojas cero las elecciones judiciales y declaró inconstitucional la Ley 1513.

En el apuro, y ante la evidente ruptura en el MAS, la Cámara de Senadores aprobó el 31 de agosto el Proyecto de Ley 144. Para no comprometer su responsabilidad, la Cámara de Diputados pasó el proyecto a consulta de los órganos Ejecutivo, de Justicia y Electoral, y la Magistratura.

La consulta llegó al TCP, que el 11 de diciembre, a través de la Declaración 049/2023, declaró inconstitucional el proyecto de ley, dispuso la reelección y prórroga de magistrados y consejeros, y exhortó a la Asamblea Legislativa a la convocatoria a elecciones bajo dos tercios en todas sus fases.

‘No hay sometimiento’, sí debilidad

El senador Rubén Gutierrez negó que la Asamblea Legislativa esté sometida al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional en relación a la gestión de las accidentadas elecciones judiciales.

Al ser consultado en La Razón Radio sobre ese extremo, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista afirmó ayer que “no hay sometimiento de carácter político a ninguna instancia”.

“Las resoluciones son factores ajenos a la Asamblea Legislativa. Ningún legislador observó el proceso. Los actores que acudieron a la Justicia (fueron) los postulantes que forman parte de la convocatoria”, explicó el senador.

No obstante, admitió que la Asamblea no tuvo eficacia en el último año debido a la falta de consensos en las bancadas de las tres fuerzas políticas. “Desde la tercera gestión hay una debilidad por las divisiones internas del oficialismo y oposición”, comentó.

En los últimos meses se hizo evidente la división entre evistas y arcistas en el MAS, entre adultocentristas y renovadores en Comunidad Ciudadana (CC) y entre camachistas, ucesistas y otras facciones en la alianza Creemos.

Gutiérrez aseguró que antes las dificultades se resolvían fácilmente, pero los problemas comenzaron luego de la elección del Defensor del Pueblo. “Nos costó sacar adelante la elección del Defensor, pero ahí recibimos el apoyo institucional”, recordó.

“No ocurre ahora porque hay peleas, intereses, factores políticos y la temprana electrolización ha ganado terreno”, insistió.

Las elecciones están en foja cero por decisión de un tribunal de Pando. Mientras duraba el proceso de preselección también se presentaron algunas trabas, como amparos constitucionales y la ausencia de mujeres e indígenas.

FUENTE: LA RAZÓN