Informe revela cómo la gasolina desestabilizada llegó a los surtidores de Bolivia

Una comisión especial de la Cámara de Diputados concluyó una investigación de cuatro meses sobre la comercialización de gasolina desestabilizada en Bolivia. El informe identifica presuntas fallas en los controles de calidad durante toda la cadena de distribución y recomienda remitir los antecedentes a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público para profundizar las investigaciones.

La comisión revisó 1.962 fojas de documentación, convocó a diversas autoridades y reconstruyó el recorrido del combustible desde su importación hasta su llegada a los surtidores.

Alertas sobre la calidad del combustible desde 2022

Uno de los principales hallazgos señala que las observaciones sobre la calidad de los combustibles no comenzaron con los vehículos afectados.

Según el informe, representantes de la Asociación de Surtidores (Asosur) declararon que desde 2022 habían advertido al entonces Ministerio de Hidrocarburos sobre deficiencias en los controles de calidad, sin que esas alertas fueran atendidas con medidas correctivas.

Investigación detecta fallas en los controles

La comisión centró parte de su investigación en el sistema de control establecido por el Decreto Supremo 4718, que dispone verificaciones obligatorias durante toda la cadena de comercialización de combustibles.

Sin embargo, los antecedentes recopilados indican que la gasolina desestabilizada habría llegado al mercado debido a una ausencia de controles técnicos adecuados.

El informe atribuye a YPFB presuntas omisiones en los procesos de recepción, almacenamiento y comercialización del combustible, además del incumplimiento de parámetros establecidos en la normativa vigente.

Cuestionamientos a YPFB y la ANH

Los legisladores sostienen que varios controles fueron realizados únicamente mediante verificaciones documentales y visuales, sin efectuar análisis de laboratorio para parámetros obligatorios como el contenido de manganeso y goma.

Asimismo, cuestionan que parte del personal encargado de estas tareas no contaba con la especialización técnica necesaria.

Respecto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el informe señala que la institución demoró más de tres años en reglamentar el Decreto Supremo 4718, no implementó la infraestructura de laboratorios prevista por la norma y autorizó importaciones excepcionales sin exigir toda la documentación técnica correspondiente.

Botrading también es objeto de observación

La investigación también analiza el costo de las importaciones de combustibles realizadas mediante la empresa Botrading.

Según el documento, la intermediación de esta firma habría incrementado el precio pagado por YPFB debido a diferenciales comerciales superiores a los registrados en operaciones similares realizadas por otros países de la región.

Para la comisión, estos elementos constituyen indicios de un posible sobreprecio que deberá ser investigado por las autoridades competentes.

El informe será remitido a la Contraloría y al Ministerio Público

La comisión parlamentaria recomendó que toda la documentación sea enviada a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público para que ambas instituciones determinen si existen responsabilidades administrativas o penales.

Además, el informe incorpora antecedentes relacionados con la gestión del entonces presidente de YPFB, Armin Dorgathen, aunque aclara que corresponderá a las instancias judiciales establecer cualquier responsabilidad en el caso.