INE revela que entregará los resultados del censo entre 2025 y 2026

El calendario del Instituto Nacional de Estadística (INE) establece que los primeros resultados del próximo Censo de Población y Vivienda serán entregados a partir de agosto de 2025 y de ahí, de manera progresiva, hasta 2026 el resto de los “documentos especializados”.

El calendario fue desvelado por Martha Oviedo, directora de censos del INE, al inicio de la reunión técnica que se instaló este martes en instalaciones de la petrolera estatal de Santa Cruz de la Sierra. Llegaron técnicos de todo el país.

La especialistas presentó “las grandes actividades” del censo sobre la base del Decreto 4760 que proyecta ejecutar la gran encuesta nacional en 2024. La fecha es rechazada por la institucionalidad cruceña que ve el riesgo de “politización electoral” con este calendario.

De los resultados del censo depende la construcción del nuevo pacto fiscal, la herramienta de la Ley de Autonomías que se emplea para la distribución de recursos a las regiones en función de la cantidad de pobladores.

Santa Cruz es uno de los departamentos que más ha crecido. Se proyecta, según el INE, que la región tendrá 3,5 millones de personas hasta fines de este año, un tercio de la población total que habitará en Bolivia.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) planteó una propuesta para acortar los plazos de manera que el censo se haga en 2023, una fecha que permitirá actualizar el pacto fiscal.

La propuesta de la Universidad fue calificada de “incompleta” por el Gobierno, pero convocó a la reunión para que el plan sea explicado “técnicamente”. Para entonces, la institucionalidad cruceña hizo un cabildo para exigir el censo en 2023.

Los datos del censo también servirán para la reasignación de escaños en el Legislativo, sobre la base de la cantidad de pobladores que existen en cada región. Santa Cruz espera incrementar tres legisladores más.

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, anunció sus observaciones al calendario y remitió 11 preguntas al INE. Una de ellas cuestiona al INE por los plazos extendidos y por el tiempo de “27 meses” para procesar los datos finales del censo.