Industriales advierten que la disposición séptima del PGE 2025 es un retroceso económico

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, ratificó la oposición del sector industrial a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025. Camacho calificó la medida como confiscatoria y arbitraria, advirtiendo que pone en riesgo los derechos fundamentales de las empresas, como la propiedad privada, el trabajo, el comercio y la industria, por lo que implica un retroceso económico para el país.

“La disposición adicional séptima abre la puerta a actos discrecionales que podrían derivar en confiscación de bienes, afectando la inversión y promoviendo la inseguridad jurídica en un momento crítico para la economía del país”, afirmó. 

Camacho destacó que la norma, lejos de fortalecer el aparato productivo, asfixia al sector formal y fomenta la informalidad.  El empresario sostuvo que Bolivia necesita certidumbre, no medidas que generan zozobra. 

“Es imperativo que se derogue esta disposición y que se respalde a los empresarios que generan empleo y tributan formalmente al Estado”, sostuvo. 

El líder gremial detalló que el sector industrial, que representa a más de 600.000 trabajadores fabriles y sustenta el ingreso de aproximadamente 2,5 millones de bolivianos a través de sus familias, no puede soportar regulaciones que dificulten su actividad.

“No podemos seguir sobre regulando y creando normas que incentiven la extorsión y la informalidad. Los industriales quieren trabajar, producir y contribuir al desarrollo del país”, enfatizó.  

Camacho subrayó que los delitos como el contrabando y el agio ya están tipificados en el Código Penal, específicamente en el artículo 226, por lo que la creación de nuevas disposiciones es innecesaria. 

“Este país ya tiene suficientes normas. Lo que se necesita es aplicar las leyes existentes de manera eficiente y enfocarse en combatir las actividades ilegales”, agregó.  

Pérdidas por contrabando y falta de control

El presidente de la CNI también llamó la atención sobre las millonarias pérdidas causadas por el contrabando, especialmente de combustibles, que supera los 600 millones de dólares anuales. Además, denunció que el comercio de vehículos ilegales y la minería no autorizada están devastando regiones del país. 

“Vemos cómo recursos públicos destinados al subsidio de combustibles terminan beneficiando actividades ilegales, mientras el sector formal enfrenta obstáculos para operar”, lamentó.  

Camacho reconoció el esfuerzo del Gobierno en reforzar el control fronterizo, como las recientes visitas al Desaguadero, pero advirtió que aún falta mucho por hacer en términos de equipamiento, efectivos y logística para combatir el contrabando y el crimen organizado.

El líder gremial instó al Gobierno a priorizar el diálogo con los sectores productivos y a garantizar un entorno jurídico estable que fomente la inversión.

“No podemos permitir que normativas ambiguas y sujetas a interpretación pongan en riesgo la producción nacional. El industrial boliviano tiene una vocación productiva, no conspirativa. Nuestra posición es institucional, gremial y apolítica”, afirmó.

FUENTE: EL DEBER