Hay 1.098 jueces en Bolivia con exceso de trabajo, 18 son procesados por corrupción

Hay magistrados que atienden hasta 1.500 casos en un año, cuando el parámetro internacional establece como límite máximo, 700. Casi dos decenas cayeron en la tentación de recibir coimas y liberar feminicidas y asesinos condenados a 30 años

De los 1.098 jueces que trabajan en los juzgados del país, hay quienes atienden hasta más de 1.500 casos en un solo año. A eso se suma la falta de independencia y la corrupción, que en este momento tiene a 18 magistrados sentados en el banquillo de los acusados.

La cobertura del Órgano Judicial sigue limitada principalmente al área urbana. El informe de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2020 señalaba que había 1.095 jueces que atendían un promedio de 530 causas por juez.

El presidente del TSJ, Ricardo Torres Echalar, manifestó a EL DEBER que en 2022 se han incrementado nada más que tres jueces, hay 1.098 ordinarios y 63 agroambientales.

“De hecho, la cantidad de jueces que tenemos para el nivel de conflictividad que tiene el país, donde todo se judicializa, es muy pequeño”. Advirtió que la carga procesal aumentó. “Los jueces en materia penal atienden arriba de las 1.500 causas anualmente, lo que les significa una recarga procesal que va contra toda estimación profesional y humana para que puedan resolver esa cantidad de procesos”.

La autoridad judicial mencionó que los parámetros internacionales, sólo a nivel de la región, señalan que los jueces no superan una carga procesal que esté por encima de los 500 a 700 casos cada año. “En nuestro país, algunos de ellos, en el eje central, no son todos, pero en lo penal y lo laboral, tienen una carga excesiva de trabajo”.

Señaló que se requiere urgentemente más jueces, eso implica más ítems, en distintas materias y distintos puntos del país, al menos 700 u 800 que se necesitan para responder adecuadamente a la carga procesal que se genera en los diferentes tribunales departamentales de justicia”.

En el diagnóstico preliminar que dejó el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, lamentó que el presupuesto bajo asignado al sector justicia, incluido el Ministerio Público, no llega al 0,50% del total del presupuesto nacional y no permite dotar una institucionalidad de los recursos indispensables y de remuneraciones adecuadas que atraigan a las mejores personas y que prevengan la corrupción y las tentaciones.

“La sociedad y el Estado boliviano tienen que asignarle a la justicia una porción mayor de sus recursos en un proceso de incrementos graduales que podrían empezar este mismo año con una reasignación dentro del presupuesto 2022”, sugirió el relator.

Otra observación es que la justicia está muy lejos de la gente. El Servicio Plurinacional de Defensa Pública llega únicamente, y formalmente a 106 municipios de los 340 existentes. La Defensoría del Pueblo señala que el país cuenta con apenas 54 defensores públicos. El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima tiene presencia en sólo 43 municipios.

Corrupción e independencia

Luego de que jueces de materia penal se vieron involucrados, principalmente en hechos delictivos relacionados con la liberación de asesinos y feminicidas sentenciados a 30 años de cárcel, lo que se destapó este año, el presidente del TSJ admitió que son 18 jueces que fueron destituidos y actualmente son procesados disciplinariamente y también por la vía penal por esos actos.

García Sayán subrayó que una justicia independiente y accesible es central para la vida digna. Se refirió a la necesidad de que el país cuente con una justicia transparente, independiente y al servicio de la sociedad.

Mencionó que sólo el 44% de los jueces son de carrera. El resto son transitorios, alrededor de 500, es decir, la mitad de los magistrados que están trabajando en los juzgados en este momento.

“Este componente es crítico generador de inestabilidad y no alienta una conducta independiente de quienes se desempeñan en la judicatura. Está comprobado que una alta tasa de provisionalidad conspira contra la conducta independiente de los jueces y juezas”, mencionó García-Sayán.

El presidente del TSJ apuesta a que el camino para eso es la Escuela de Jueces, que se está echando a andar, pero lamentó que la ley 025 del Órgano Judicial obliga a que los postulantes a jueces de carrera deban ser formados en dos años.

“Para nuestra coyuntura y nuestra realidad, dos años es demasiado, porque son abogados ya debidamente formados. Repiten materias que ya vieron en la universidad, y eso es perder tiempo lo que les quita interés. Ese modelo debe ser desplazado por otro en que la formación sea más específica para jueces, en el manejo y administración de despacho, de herramientas tecnológicas de información y comunicación, y en la generación de valores. Dotarles de instrumentos para que los mejores lleguen y no cualquiera”.

Que no sean dos años, el presidente plantea que sea la misma Escuela de Jueces la que plantee una modificación a la ley en la que proponga un tiempo prudente: seis meses, un año y hasta 14 meses. Destacó, como lo hizo el relator García-Sayán, la iniciativa del Ministerio Público que forma fiscales de carrera en cinco o seis meses.

Crítica

El Departamento de Estado de EEUU presentó la última semana, un informe que es lapidario sobre la situación de los DDHH en Bolivia, específicamente en lo que se refiere a la actuación judicial.

El informe señala que la ley establece un poder judicial independiente, pero el poder judicial continuó sobrecargado, vulnerable a la influencia indebida por parte de los poderes ejecutivo y legislativo y plagado de denuncias de corrupción.

Las autoridades en general respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos. Los jueces y fiscales a veces practicaron la autocensura al emitir fallos para evitar convertirse en blanco de acoso verbal y legal por parte del gobierno. El poder judicial enfrentó numerosos problemas administrativos y presupuestarios. Las ONG afirmaron que los fondos presupuestados para el poder judicial fueron insuficientes para garantizar una justicia igualitaria y eficiente y que la dependencia de fiscales públicos sobrecargados y con fondos insuficientes provocó graves retrasos judiciales.

Los funcionarios de justicia fueron vulnerables al soborno y la corrupción, según observadores creíbles, incluidos expertos legales. El Informe sobre el Estado de la Justicia 2020 de una ONG expresó serias preocupaciones con respecto a la capacitación y las calificaciones de la mayoría de los jueces.

El informe de García-Sayán también hace hincapié en la falta de independencia.

El presidente del Tribunal Suprema de Justicia admitió las observaciones de la Relatoría de Naciones Unidas, porque viene de un organismo legítimo reconocido por la comunidad internacional, pero descalificó completamente el criterio de EEUU. “Reconocer recomendaciones de países que no están autorizados, no tienen la legitimidad ni la moral para criticarnos. Así tengamos errores, los enmendaremos en el marco de nuestra soberanía, a nuestras atribuciones y competencias. Bolivia tiene capacidades, instancias y órganos competentes. No necesitamos recomendaciones ni imposiciones del imperio”, señaló.