Gobierno justifica las disposiciones adicionales del PGE reformulado rechazados por evistas y opositores

La viceministra Alcón sostuvo que las acciones están en el marco de la Constitución, remarcando que el Órgano Ejecutivo puede impulsar disposiciones relacionadas con la política fiscal y económica

En medio de las críticas de asambleístas evistas y opositores por las disposiciones adicionales del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, justificó estas acciones remarcando que están amparadas por la Constitución Política del Estado.

Según la autoridad, está en el marco de la Constitución “el poder llevar adelante este tipo de disposiciones adicionales que tengan que ver con la política fiscal y económica que se lleva adelante”.

Alcón recordó que se llevó adelante una explicación sobre el proyecto de ley de manera pública en todos los escenarios que se tenían también para poder discutirlos, por lo que ahora calificó de “sabotaje” que evistas y opositores se nieguen a aprobar la norma en marcha.

“Se ha presentado una propuesta con todo el respeto a la normativa. No existe ninguna arbitrariedad con relación a esos temas”, manifestó, a tiempo de negar que los recursos estuvieran destinados solo a algunos municipios y gobernaciones.

Sectores demandan la aprobación del PGE refomuladoSectores demandan la aprobación del PGE refomulado

En este sentido, sostuvo que los cuestionamientos de los detractores de la administración central son argumentos “políticos, que perjudican a la población”.

“Ojalá se pueda pensar en estos sectores (gobiernos subnacionales), pensar en la afectación que se tiene en distintas áreas para que en este noviembre para cerrar ya la gestión, es donde se mueve más todo lo que se refiere a la misma inversión y a los gastos que tienen destinados en sus presupuestos”, expresó la autoridad.

Más temprano, el presidente Luis Arce calificó de una traición al pueblo el rechazo de “evistas” y opositores al PGE reformulado 2023, y denunció que algunos asambleístas actúan por “cálculos políticos”.

De los 157 legisladores que participaron de la maratónica sesión de la Asamblea Legislativa en la que se consideró el proyecto de ley, 92 votaron por el rechazo y 62 por su aprobación.

Esta situación conllevó a estancar la aprobación que frena que las entidades del sector público accedan a un presupuesto agregado de Bs 6,45 millones y a un consolidado de Bs 5,42 millones.

Fuente: UNITEL