Gobierno cede a la presión de "antivacunas" y trabaja en flexibilizar obligación de portar el carnet

Mamani informó que el Consejo de Emergencia Sanitaria analiza que ya no se porte el carnet para ingresar a los bancos, mercados, farmacias y que las personas con enfermedad de base también estén al margen de la obligación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó este lunes que el Consejo de Emergencia Sanitaria trabaja en una propuesta para flexibilizar la obligatoriedad de portar en carnet de vacunación en los bancos, mercados y farmacias. Posiblemente las personas con enfermedades de base no tendrán que presentar el documento.

Precisó que el consejo está en la etapa final de elaborar una propuesta para la flexibilización sobre la obligación de presentar el carnet de vacunación en las instituciones públicas y privadas; estima que existirán resultados en el transcurso de este lunes o mañana.

“En temas de flexibilización no va ser en artículos, sino más bien en la exigencia, por ejemplo, se les exigía en los bancos, seguramente ya habrá otro tipo de flexibilización. (…) Para la compra de medicamentos en las farmacias o para ingresar a un mercado, entonces todo eso se analiza. Más bien, no me gustaría especular mucho en esto; más bien, esperar la decisión final que va a tomar esta comisión”, adelantó Mamani en una rueda de prensa.

Añadió que la flexibilización también será para las personas que tienen enfermedades de base, debido a que muchos grupos que rechazan la exigencia del carnet de vacunación expresaron esa preocupación.

El Gobierno suspendió, hasta el 26 de enero, la aplicación de los derechos supremos 4640 y 4641 que conminan a la población a que presentar el carnet de vacunación o la prueba PCR negativa en las instituciones públicas y privadas, o donde exista aglomeración de personas. Ambas normas entrarán nuevamente en vigencia la próxima semana.

Esta jornada, el Comité Cívico de El Alto inició con medidas de presión en demanda de la abrogación de los dos decretos supremos. Su máximo dirigente, Gregorio Apaza, manifestó que ellos no pedirán ningún diálogo con el Gobierno.

“Estamos aquí convocando a sumarse a este punto de bloqueo (multifuncional de El Alto). Nosotros no vamos a pedir ningún diálogo. ¿Qué vamos a hablar con el Ministro (de Salud), qué vamos a dialogar? El único cumplimiento que tiene que hacer es la abrogación de los decretos supremos 464 y 4641”, apuntó Apaza.

Al respecto, Mamani llamó a la reflexión a “los grupos que pretenden generar caos y malestar” con bloqueos a que se sumen a la lucha contra la pandemia del coronavirus. “No estamos en contra de ellos, por supuesto”, acotó. Subrayó que el derecho individual termina cuando empieza el derecho colectivo.

Por su parte, el ministro de Salud, Jeyson Auza, recalcó que los dos decretos supremos cuestionados se mantendrán en vigencia a partir del 26 de enero, pero el Gobierno está dispuesto a escuchar a las organizaciones sociales movilizadas para conocer sus inquietudes.

“Queremos ser muy claros con estos grupos que se movilizan. Hoy no es momento de confrontación, estamos dispuestos a escucharlos y saber ¿Cuáles son los elementos que obligan a dicha movilización? ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos modificar para poder encontrar una solución a este conflicto?”, manifestó Auza.

Sin embargo, subrayó que ambos decretos supremos fueron respaldados por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) que “estableció” su total legalidad y constitucionalidad.

Los decretos supremos 4640 y 4641 entraron en vigencia el 1 de enero, pero fueron rechazados por los grupos denominados antivacunas y anticarnets. Durante las dos últimas semanas se registraron movilizaciones en diferentes partes del país, pero con mayor énfasis en la ciudad de El Alto quienes protagonizaron marchas en el centro de la sede de Gobierno.

Para esta semana, se prevé nuevas movilizaciones una de ellas liderizada por el Comité Cívico de El Alto. La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de esa ciudad, a la cabeza de Fernando Rivero, anunció nuevas medidas de presión si el Gobierno no abroga los dos decretos cuestionados.

Fuente: ANF