Gobierno autoriza a privados importar combustible y venderlo a precio de mercado, pero prohíbe mezclarlo con el de YPFB

El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5644, que autoriza de manera excepcional a personas naturales, empresas privadas y entidades públicas a importar diésel y gasolina para consumo propio o comercialización en Bolivia. La medida busca ampliar la oferta de combustibles en medio de la emergencia energética y social vigente desde enero de 2026.

La norma establece que los combustibles importados podrán comercializarse en el mercado interno a precios de mercado, previa autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.

Uno de los principales aspectos del decreto es la prohibición expresa de mezclar el combustible importado con el carburante subvencionado distribuido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

"Está prohibido que las estaciones de servicio y puestos de venta trasvasijen, mezclen o realicen cualquier forma de combinación de productos provenientes de YPFB con productos importados", señala el artículo 12 del decreto.

La normativa también establece las condiciones para la comercialización de los combustibles importados. Quienes manejen volúmenes iguales o superiores a 5.000 litros podrán vender directamente desde plantas de almacenamiento propias o alquiladas, o desde refinerías, a consumidores finales, estaciones de servicio o puestos de venta, conforme a la reglamentación que emitirá la ANH.

En cambio, quienes importen menos de 5.000 litros deberán operar como estaciones de servicio, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa vigente para la construcción y funcionamiento de estos establecimientos.

El decreto autoriza además que los combustibles importados puedan mezclarse con aditivos de origen vegetal producidos en el país, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías será el encargado de emitir la reglamentación específica para la aplicación de la medida.

La disposición forma parte de las acciones adoptadas por el Ejecutivo para enfrentar la crisis de abastecimiento de combustibles y ampliar las alternativas de suministro en el mercado nacional, manteniendo separado el combustible subvencionado administrado por YPFB del que sea importado por operadores privados.