Gobernación de Tarija inicia acciones legales por la tala de 165 árboles en el municipio de San Lorenzo

El Director de Gestión Ambiental, Riesgos y Cambio Climático del Gobierno Departamental de Tarija, Reiner Figueroa, informó que se iniciaron acciones legales ante el Tribunal Agroambiental por la tala de al menos 165 árboles en el cementerio del municipio de San Lorenzo. La denuncia fue inicialmente presentada por una plataforma de activistas ambientales, y actualmente la Gobernación desarrolla un proceso paralelo con base en sus competencias, sin descartar la participación del Ministerio Público, en función de los resultados de las investigaciones o posibles ampliaciones.

“Ya la anterior semana presentamos las notas correspondientes para que el señor alcalde haga sus descargos. Luego de vencido el plazo para su respuesta, analizaremos la documentación y procederemos con la demanda correspondiente, siguiendo el camino legal establecido”, explicó Figueroa.

El funcionario remarcó que serán las instancias judiciales las que determinen las sanciones que correspondan, las cuales podrían incluir la reforestación del área afectada o la imposición de multas económicas. Asimismo, instó a los gobiernos municipales a cumplir con la normativa vigente y gestionar la licencia ambiental antes de ejecutar cualquier tipo de intervención, sin importar su naturaleza.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Efraín Rivera, expresó su profunda preocupación e indignación por la tala de los árboles, la cual se habría realizado sin la debida autorización ambiental. La intervención fue calificada como una vulneración flagrante a la Ley 1333 de Medio Ambiente.

“La Alcaldía de San Lorenzo no cuenta con ninguna licencia ambiental emitida por la Secretaría correspondiente, pese a tratarse de un proyecto que implicaba una intervención directa en un espacio ecológicamente sensible. No se derriban 165 árboles de la noche a la mañana; muchos de ellos son centenarios y forman parte del patrimonio natural del lugar”, sostuvo Rivera.

Según el procedimiento administrativo, la Gobernación ha solicitado formalmente información a la Alcaldía de San Lorenzo, que tiene un plazo de cinco días hábiles para responder. Posteriormente, la documentación será remitida al juez agroambiental, quien definirá las sanciones administrativas y ambientales que correspondan. Estas podrían incluir la reposición del daño ecológico y medidas de mitigación.

Rivera también rechazó las declaraciones del secretario de Planificación Territorial del municipio de San Lorenzo, quien afirmó que al tratarse de una intervención de ornato público no era necesaria una licencia ambiental. “Esa declaración revela un total desconocimiento de la ley, lo cual es aún más grave viniendo de un funcionario que trabaja precisamente en el área técnica”, criticó.

Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental en todos los niveles del Estado, recordando que la protección del patrimonio natural es una obligación legal y ética que debe ser asumida con responsabilidad por las instituciones públicas.