Gobernación de Tarija denuncia grave derrame minero en el río San Juan del Oro

La gobernación de Tarija denunció este viernes un derrame de relaves mineros en el río San Juan del Oro, causado por una empresa dedicada a la explotación de oro en territorio potosino. Aunque el incidente ocurrió en Potosí, las consecuencias ambientales afectarán a Tarija.

La situación movilizó rápidamente a las autoridades de la gobernación y de los municipios de Tarija Yunchará y El Puente. Los alcaldes y subgobernadores se reunieron para analizar el impacto ambiental del derrame.

El Secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Efraín Rivera Gutiérrez, confirmó que la empresa responsable es la cooperativa minera aurífera "Azulejos de Esmoraca", ubicada a 150 kilómetros al sur de Tupiza, Potosí. Criticó que la actividad minera se realiza en medio del río, lo cual es inaceptable sin una licencia ambiental.

Rivera explicó que el derrame se produjo el 24 de julio, afectando aproximadamente un kilómetro del lecho del río. La empresa construyó varias piscinas dentro de la cuenca para la explotación de oro, pero estas se rompieron, contaminando el río y extendiendo el daño hacia el municipio de Yunchará.

El Secretario mostró muestras de agua amarillenta recogidas del río después del derrame y anunció que se enviaron a un laboratorio especializado para determinar el grado de contaminación. Recordó que estudios previos ya catalogaban el agua del río en la categoría "D" de contaminación, y que ahora la presencia de mercurio podría agravar los problemas de salud pública, agricultura y ganadería.

Rivera también destacó las constantes denuncias de contaminación en el río Pilcomayo y ahora en el San Juan del Oro, señalando que, aunque los derrames ocurren en otro departamento, las poblaciones aguas abajo, como en este caso, son las que sufren las consecuencias.

El funcionario aseguró que, tras la denuncia, se activó de inmediato un protocolo y se formó una comisión de fiscalización que se desplazó al lugar del incidente. Además, afirmó que presentarán una demanda administrativa por el daño económico, la afectación a la producción agropecuaria y la salud pública, y que corresponde también un proceso penal.

Notas fueron enviadas a la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM), a los Ministerios de Medio Ambiente y Minería, y a la comisión del Senado para establecer un precedente.