Familiares admiten que militares se autoinculpan ante una lucha desigual

Abogados consideran que hay desesperación en el Gobierno, ante la suspensión del inicio del juicio oral por el caso golpe II, por eso se presiona a las familias para que los militares se inculpen por delitos.

Las familias de los exjefes militares Jorge Terceros y Palmiro Jarjury, a través de una carta, admitieron que solicitaron ante el Ministerio Público el procedimiento abreviado para ambos uniformados dentro del caso golpe de Estado II. Aseguraron que los oficiales se vieron obligados a inculparse ante la falta de justicia, pero remarcaron que el pueblo conoce la verdad de los hechos suscitados en noviembre de 2019 y la historia no se puede cambiar con procesos judiciales.

“Convencidos que la lucha es absolutamente desigual e infructuosa, a pesar de la negativa de nuestros padres, con la finalidad de tenerlos a nuestro lado, como familia unida, no teniendo más camino en esta justicia, habiendo enfrentado solos (abandonados por las instituciones militares de ambas fuerzas, amigos, simpatizantes y demás) estas abatidas lides, decidimos optar por el bien mayor”, refiere parte de la carta difundida por los familiares de los exjefes militares.

Con el juicio abreviado, si bien las familias dicen que los militares no están de acuerdo, pero para efectos legales son ellos los que aceptaron su responsabilidad en grado de complicidad por el delito de incumplimiento de deberes, la misma tiene una pena de uno a cuatro años de prisión. Cuando se cumpla con los procedimientos, un juez decidirá la condena que cumplirán los oficiales.

Los allegados de los exjefes militares dijeron que tomaron esa decisión con el fin de precautelar la salud de los miembros de sus familias y para que vuelvan a su hogar Terceros y Jarjury, quienes están detenidos preventivamente por el caso golpe desde julio de 2021.

“Mientras nuestros padres están encarcelados, los verdaderos responsables se encuentran levantando banderas con estos casos y haciendo politiquería a través de sus declaraciones en prensa, sin asumir su verdadera responsabilidad”, señala la nota.

Aseguraron que el pueblo de Bolivia conoce toda la verdad sobre los hechos de 2019 y que la historia no se puede cambiar con estos procesos judiciales.

Los familiares alegaron que no pueden permitir que se siga abusando de ambos militares;  por eso, optaron por velar y resguardar su salud e integridad. Pidieron disculpas a su abogado defensor por asumir esta medida.

Al respecto, el abogado Eusebio Vera refirió que sólo queda respetar la decisión familiar. Además, decidió dejar la defensa de los excomandantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, y el de la Armada Boliviana, Palmiro Jarjury.

“Como abogado se debe analizar varios aspectos legales para asumir una defensa adecuada en un caso tan polémico, pero debemos respetar la decisión de la familia. Lamento que a pesar de haber sacrificado recursos y hasta la seguridad de mi familia, se haya asumido esa determinación”, dijo Vera a Página Siete.

Vera remarcó que por “ética profesional” decidió dejar la defensa de los dos militares.

Javier Peñaloza, abogado de Jorge Mendieta(excomandante del Ejército), señaló que hay una desesperación del lado del Gobierno, después de que se supendió el inicio del juicio oral por el caso golpe II; por esa razón, recurre a la presión para que los militares se inculpen y así mantener una tesis falsa.

El abogado y coronel del servicio pasivo Jorge Santistevan dijo que la carta confirma que los familaires de Terceros y Jarjury presentaron  la solicitud de juicio abreviado; no obstante ello, considera que estarían yendo por un camino equivocado, porque su situación jurídica muy poco  mejorará.

“La Fiscalía debe poner en conocimiento a la parte querellante o víctimas, y tener el visto bueno (aceptación) para llevar a cabo ese juicio abreviado. El siguiente paso es la negociación, donde las partes se ponen de acuerdo y posteriormente la Fiscalía presenta la solicitud con todos sus detalles de fondo informa al tribunal, para el desarrollo de la audiencia y posterior sentencia”, explicó a Página Siete el jurista.

Para Santistevan, esta situación solamente favorece a los políticos del Gobierno y afectará la situación de los otros coprocesados en el caso golpe II, entre ellos la expresidenta Jeanine Añez, cinco exjefes militares y un excomandante de la Policía.

“La clase política que maneja este proceso aprovechó la situación de vulnerabilidad y fragilidad moral de los militares y familiares para negociar en superioridad de condiciones”, señaló.

Terceros está detenido preventivamente en el penal de Palmasola, Santa Cruz, y Jarjury en la cárcel de Patacamaya de La Paz. Además del caso golpe II, los uniformados también fueron procesados por el caso golpe I, en el que se los imputó por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. En el caso de Terceros, debe enfrentar otras dos investigaciones por el supuesto envío de material antimotín desde Ecuador y Argentina durante la crisis postelectoral de 2019.

Ven presión del gobierno como pasó en el caso hotel Las Américas

Los abogados Jorge Santistevan y Javier Peñaloza aseguraron que el gobierno de Luis Arce presiona a los militares y a sus familias para que se inculpen por el caso golpe de Estado II, tal como ocurrió con los sindicados en el proceso por el caso asalto al hotel Las Américas o también conocido como el caso terrorismo, el cual después de más de 10 años fue cerrado con la absolución por falta de elementos de prueba.

En ese sentido, Santistevan dijo que la solicitud de juicio abreviado para los exjefes militares Jorge Terceros y Gonzalo Jarjury implica que reconocen su responsabilidad y esa decisión dará un giro al proceso, y “los coprocesados se verán afectados, así como ocurrió con el caso terrorismo”.

Por su parte, Peñaloza recordó que en el caso terrorismo pasó lo mismo con lo que ocurre hoy en el caso golpe, los sindicados eran presionados para que se inculpen.

“Esto ya viene suscitándose en el denominado caso hotel Las Américas que ha durado más de 10 años. Recuerdo que a los perseguidos políticos que han estado presos (...) sin tener una sentencia ejecutoriada, el Gobierno ha actuado de la misma forma, presionando a los familiares, a los perseguidos a fin de que asuman culpabilidad para mantener una tesis falsa y negociando su libertad, lo mismo está ocurriendo en este caso”, refirió.

Fuente: Página 7