En Argentina denuncian red que facilita el contrabando en Salvador Mazza con Yacuiba

La organización también estaría cobrando por el ingreso ilegal de personas. Operan desde terrenos usurpados que colindan con San José de Pocitos.

Un audio que llegó a El Tribuno, a particulares, a funcionarios y a las propias fuerzas de seguridad es convincente, pero más lo son las imágenes y los videos que se tomaron en el lugar y que lo acompañan como prueba de una red de corrupción escandalosa, que estaría operando en Salvador Mazza.

En ellos se ven decenas de bagayeros bolivianos ingresando por detrás de una especie de paredón recientemente construido y que da a la quebrada internacional. Los pasadores corren agachados ingresando mercadería, y otras personas lo hacen sin ninguna carga en sus espaldas.

Pero en varias de las imágenes que desde fuentes altamente confiables llegaron a El Tribuno, no solo aparecen bagayeros sino efectivos de la Policía de la Provincia y varios móviles pertenecientes a la Comisaría 40 y en ninguna se puede apreciar la realización de algún operativo para reprimir los ilícitos que se están cometiendo, como contrabando e ingreso ilegal de personas sino todo lo contrario. El personal más bien acompaña a los ilegales que entran y salen de la Argentina, desde y hacia la quebrada internacional que separa los dos países, en actitud totalmente relajada.

Ningún policía sumariado

Las imágenes, las fotos y los audios se hicieron públicos el fin de semana por lo que una de las personas que aparece en los videos, el comisario Andrés Orlando Aguirre, jefe de la Comisaría 40 de Salvador Mazza hasta el viernes, ya no desempeña más ese cargo.

Pero eso no sucede por una investigación interna de la fuerza que habría tomado conocimiento de todos estos elementos de juicio, ni por una actuación de la misma Policía para determinar la veracidad de las denuncias, tampoco por la intervención de la Justicia.

Según lo confirmó el jefe de la UR4 de la policía de Salta, con asiento en Tartagal, comisario principal Marcelo Armella, "el traslado de Aguirre no tiene nada que ver con eso que salió en las redes. Lo trasladamos a Tartagal por una cuestión operativa, porque en la Comisaría 42 el tema operativo es bien complicado y quien estaba a cargo era un subcomisario".

"El traslado de Aguirre no tiene nada que ver con eso que trascendió, porque eso necesita una investigación y además no hay ninguna denuncia formalizada en la Justicia", consideró Armella, quien manifestó que por el momento no hay ninguna actuación de oficio por parte de la fuerza, para analizar la conducta de Aguirre y otros policías que aparecen en las imágenes. "Solamente hay un sumario administrativo interno, pero reitero que el traslado de Aguirre a Tartagal no tiene nada que ver con lo que se difundió", insistió.

Armado de causas truchas

"Lo que se difundió el fin de semana", como menciona Armella, es una denuncia que realiza un hombre que pide absoluta reserva en su identidad.

El hombre relata con lujo de detalles de qué manera la Policía de la Provincia, más precisamente el comisario Aguirre, le armó una causa judicial por lo que permaneció detenido durante un mes, luego que llegara a la dependencia solo a denunciar que una familia -integrada por un expolicía, una empleada municipal y dos docentes, uno de ellos director de colegio de Salvador Mazza- le usurparon un terreno de 30 metros de ancho por 60 metros de fondo que da a la quebrada.

Según este hombre que aportó fotos y videos, además de su testimonio grabado, "me detuvieron en la Comisaría 40 cuando fui a denunciar que la familia Ochoa usurpó mi terreno y el de otro vecino y por ahí entran y salen bagayeros".

"Mi terreno está ubicado en el Sector 4 y lo tengo desde hace 40 años. Pero esta gente vio el gran negocio y ahora son los que le cobran a los bagayeros y a todos los que contrabandean", agregó el denunciante.

Y prosiguió: "El comisario Aguirre y dos de los agentes, de apellido Pistán y Romero, son los que están vigilando que todo ocurra sin problemas en ese paso ilegal. Les interesaba mi terreno y por eso metieron máquinas, porque es grande y mucho más fácil para cruzar la quebrada que en otro lado".

Y describió lo increíble: "Me tuvieron un mes detenido y para eso me armaron una causa. El comisario dijo que yo le quise pegar, que hasta lo amenacé con un arma de fuego y la mujer integrante de la familia Ochoa agregó que yo quise abusar sexualmente de ella", relata en el audio y pide que no se revele su identidad.

"Tengo mucho temor por mi integridad física y la de mi familia. Por eso pido por favor que no den mi nombre pero las evidencias están todas", explica el damnificado.

En otro video se ve claramente cuando unos muchachos jóvenes le abonan para pasar a un hombre mayor, que sería uno de los integrantes de la familia que usurpó el terreno.

Entran vehículos y gente “como Pancho por su casa”

En Gendarmería no le quisieron tomar la denuncia al perjudicado.

Un policía aparece parado frente al terreno, sin intervenir.

Otras imágenes de los videos que aportó la víctima muestran maquinaria pesada y camionetas doble tracción circulando por un camino recientemente abierto, lo suficientemente ancho como para que ingresen y egresen desde y hacia Argentina camiones de gran porte.

Y en varias de esas tomas se ven móviles policiales, personal uniformado caminando tranquilamente y hasta el paso de un móvil de la Gendarmería Nacional del Escuadrón 61 Salvador Mazza.

En otro tramo de su testimonio el damnificado explica que “como yo sé lo que están haciendo en mi terreno, fui hasta el Escuadrón de Gendarmería y quería poner la denuncia, porque si encuentran droga o lo que sea me van a responsabilizar a mí. Yo quería exponer todo lo que me pasó, aportar todo el material gráfico que tengo, pero en Gendarmería no me quisieron tomar la denuncia”.

Otra familia perjudicada

El hombre asegura no ser el único damnificado por las usurpaciones en el Sector 4 de Salvador Mazza -ubicado a unos 100 metros hacia la derecha del puente internacional- “sino que hay una familia de apellido Quintana que sufrió lo mismo que yo. A ellos, esta misa gente, le usurpó su vivienda.

Ellos se llaman Juan Carlos y Mariel Quintana. Para sacarlos del medio le hicieron lo mismo que conmigo, les armaron una causa y los metieron presos. Así se maneja la Policía y la Justicia en Salvador Mazza”, asegura en los audios.

Cabe señalar que la familia usurpadora es propietaria de varios lotes en la misma zona y al parecer sería su voluntad quedarse con una gran extensión de terrenos que dan a la quebrada internacional para disponer a su antojo quién entra y quién sale del territorio nacional. O sea, controlar todo el movimiento ilegal de mercadería y de personas en Salvador Mazza, con la anuencia de ciertos integrantes de las fuerzas de seguridad.

El denunciante, recordó por otra parte que durante los días en que estuvo detenido “fuimos golpeados por personal del Gopar, el grupo especial de operaciones de la Policía de la Provincia que operaba en la zona reforzando el trabajo de vigilancia en la frontera”.

Víctimas de apremios ilegales

“No me pregunten a mí, pregúntenle a los detenidos y van a ver que no miento ni una palabra. Un detenido se llama Moisés Exeni, otro es David Benítez, alias El Correntino. Ellos estaban por causas graves pero no hay derecho que se los golpee de la manera que los del Gopar lo hacían”, dice con claridad el denunciante.

“Había 60 detenidos, todos viviendo en tres piezas, 20 en cada una, todos hacinados, sin luz, sin agua. En una ocasión dijeron que iban a hacer una protesta cosiéndose la boca y haciendo huelga de hambre, porque no soportaban más las condiciones de detención. Vino el comisario Aguirre y nos dijo a todos. “Hijos de puta; cuando se mueran los voy a dejar que los lleven al hospital, recién entonces”, afirmó.

Dos jóvenes son los encargados de cobrar el “peaje”. 

Sin actuaciones todavía

Tal como confirmó el director de la Unidad Regional 4 de la Policía y a pesar de la difusión de fotos, imágenes y testimonios, ninguna autoridad de la fuerza provincial ni de las federales que operan en la frontera y tampoco de las Justicia, ordinaria ni federal, inició actuación alguna ante semejante “notitia criminis”. 

Si el terreno de 30 metros de frente por 60 de largo es uno de los utilizados para el contrabando, el ingreso de ilegales y todo tipo de acciones delictivas a la vista y en conocimiento de todos, el refuerzo de la provincia en personal y logística y de la Gendarmería Nacional desde el pasado mes de marzo cuando se declaró la pandemia para la supuesta “vigilancia de la frontera Argentina y Bolivia” es una burla que a los dos estados -Nación y Provincia- les implica una enorme inversión. 

Finalmente, los salteños tenemos fresco todavía en nuestras memorias cuando, al desatarse la pandemia, desde Nación se anunció con bombos y platillos que se enviarían refuerzos para las fuerzas de seguridad nacionales, que trabajarían codo a codo con las locales para impedir justamente todo este tipo de delitos transnacionales.

Fuente: EL TRIBUNO