El Sernap admite que 10 áreas protegidas están amenazadas por actividades mineras y que hubo "equívocos administrativos" al otorgar certificaciones

“El Sernap da a conocer que existe una contradicción en la Ley de Minería y Metalurgia (Ley No. 535) con respecto al reconocimiento y respeto de los derechos mineros preconstituidos (Los derechos preconstituidos de las cooperativas mineras, previos a la promulgación de la Constitución Política del Estado y la nueva Ley de Minería y Metalurgia de 2014) y la obligatoriedad del cumplimiento de las normas ambientales en Áreas Protegidas”, señala el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a través de un boletín institucional.

Agrega que, para “abordar esta cuestión de manera integral”, se necesita una interpretación legislativa que solo puede ser llevada a cabo por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que remitió una propuesta al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para buscar una solución.

“(…) Es necesario mencionar que las áreas protegidas donde actualmente se identificaron amenazas relacionadas con la minería son: La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa; Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi; El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Otuquis; Parque Nacional y ANMI Amboró; El Parque Nacional y ANMI Madidi; Parque Nacional Tunari; ANMIN Apolobamba; Reserva de la Biosfera y territorio Indígena Pilón Lajas; El Parque Nacional y PN ANMI Cotapata; y ANMI San Matías”, reconoce el boletín.

Del mismo modo, el Sernap afirma su compromiso con “la conservación de la biodiversidad y la preservación de las Áreas Protegidas de carácter nacional”, e indica que continuará colaborando con las autoridades e involucrados para “abordar esta problemática de manera responsable y sostenible”.

En el documento, el Sernap señala que está prohibido el desarrollo de actividades mineras nuevas en áreas protegidas, por lo que no se otorgarán derechos mineros nuevos, ni se suscribirán Contratos Administrativos Mineros en estas áreas

“El Sernap asume la responsabilidad de corregir equívocos administrativos, generados en gestiones pasadas, que otorgaron la emisión de Certificados de Compatibilidad de Uso de Suelo (CCUs) en zonas incompatibles con la actividad minera y sin cumplir normas ambientales de protección. Estas acciones correctivas deben coordinarse con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y se encuentran en proceso de coordinación”, afirma.

Aduce que esos certificados se emitieron “en desconocimiento de la normativa ambiental relacionada con las Áreas Protegidas”, por lo que anuncia un análisis progresivo en el que se determinará la nulidad de esos CCUs. La medida fue tomada en las Áreas Protegidas de Madidi, Pilón Lajas, Cotapata, San Matías y Tunari.

Una de las demandas de los mineros auríferos de La Paz es precisamente que estos CCUs emitidos por el Sernap vuelvan a estar vigentes. Este grupo realiza protestas en la sede de Gobierno a la espera de reunirse con el presidente, Luis Arce.

Por otro lado, la exdirectora del Parque Amboró, Andreína Tolavi, denunció que existen clanes familiares que explotaban oro ilegalmente en esa reserva; que en un operativo fueron detenidas dos personas, pero que ahora que el parque “está desprotegido”, teme que la actividad aurífica ilegal regrese.