El patrimonio urbano se pierde y la norma municipal no avanza

El Gobierno edil es la que tiene la potestad de elaborar una normativa que permita aplicar políticas de intervención y revitalización de las edificaciones históricas.

Si bien la comuna cuenta con un Plan de Ordenamiento Municipal que contempla un reglamento de conservación de áreas patrimoniales, aún no existe una norma que sea coercitiva para quienes alteren este tipo de edificaciones, aunque sí se pueden establecer procesos administrativos.

El presidente del Colegio de Arquitectos de Tarija, Pablo Aguirre Hevia Vaca, sostuvo que la institución tiene una sociedad de investigación sobre el patrimonio que trabaja en coordinación con el municipio para aportar en el tema porque no existe una normativa al respecto, aunque sí una catalogación de esas estructuras que data de 2009 y los clasifica en categorías A, B y C.

Protección

Se ha tratado de proteger esta parte patrimonial mediante la Ley de Construcciones en Altura que no permite construir un edificio en zonas o alrededor de una vivienda antigua. “Primero hay que establecer el contexto urbano para la parte patrimonial para eso se necesita un estudio que se busca trabajar en lo que significa la intervención y la revitalización del centro urbano”, agregó.

A su turno, el director de la Unidad de Patrimonio Cultural del Gobierno Municipal, Marco Antonio Argote Ortuño, explicó que la comuna cuenta con un plan de ordenamiento que contempla un reglamento de conservación de áreas patrimoniales, que es el que se aplica para autorizar las intervenciones en este tipo de viviendas y establece los parámetros de intervención.

Contó que se tiene un inventario de 330 predios patrimoniales, de los cuales el 15 por ciento son edificios de gran valor, por ejemplo la Casa Dorada, las catedrales, iglesias y algunas casonas como de la familia Navajas, Pizarro, la casa del Marques de Tojo y otras, las más modestas, de una planta pero que componen el inventario y “son parte de nuestra heredad”.

En el caso del patrimonio de carácter privado el municipio no puede invertir recursos económicos, pero puede brindar apoyo en cuanto asesoramiento técnico. Recordó que se había planteado una propuesta de Ley para que no paguen impuestos, pero que al momento no avanzó.

Explicó que las actuales disposiciones carecen de un factor coercitivo, no hay una sanción económica para quienes alteran un edificio patrimonial, pero sí existen procesos administrativos que pueden concluir en el rechazo de cualquier solicitud de planos.

“Lo bueno es que la Ley Nacional 530 de Patrimonio Cultural Boliviano determina una sanción penal -indicó- lo que nos ayuda cuando detectamos la intervención de algún predio patrimonial sin la autorización de la Alcaldía, les hacemos notar esto a los propietarios y cualquier daño irreversible que se le cause, la persona debe responder penalmente ante el municipio; sin embargo estamos trabajando en una propuesta de ley que genere sanciones económicas”.

Intervención en la casa de Nilo Soruco

La antigua casa del cantante y compositor, Nilo Soruco, en el predio ubicado en la calle Corrado esquina Ballivián, tiene dos propietarios, una mitad le pertenece a los herederos del compositor quienes realizaron una restauración con una buena técnica, informó Marco Argote.

Sin embargo, la otra mitad que pertenece a la familia Justiniano presentaba daños muy serios por lo que se pidió a los propietarios realicen los mantenimientos necesarios en todo el terreno.

Por esta razón optaron por implementar algunos trabajos, que no es una restauración propiamente dicha porque se deben contemplar ciertos parámetros para que lo sea, sino que se puso una cubierta para que no continúe el deterioro. Esa instalación debe ser temporal y provisional.

Por su parte, Pablo Aguirre apuntó que se deben respetar este tipo de edificaciones en función de su historia. “En el momento de catalogar se tiene que tomar en cuenta no solamente la edificación sino también su tradición. Por ejemplo, en el caso de la casa de Nilo Soruco, el municipio no tiene políticas de intervención, por lo que tenemos que aportar para ver de qué manera normar las construcciones patrimoniales”, agregó.

Fuente: El País

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