Crece la necesidad de fiscalización al sector minero desde las regiones

Un especialista en el área explicó que el aporte tributario del sector aurífero, por ejemplo, es ínfimo. Hay una normativa propuesta por el Gobierno nacional que será analizada a finales de este mes.

La participación de las gobernaciones y alcaldías del país en el control estatal a las actividades mineras en sus jurisdicciones, ha sido valorada por analistas y gobernadores. Actualmente, los operadores mineros tributan por el impuesto a las utilidades y las gobernaciones reciben regalías.

Héctor Córdova, especialista en Minería de la Fundación Jubileo, recordó que este control para el pago de regalías ya fue aplicado hace algún tiempo por las autoridades departamentales de Potosí y funcionó. “Pero en la zona de la Amazonía boliviana veo algunas dificultades (para su aplicación) debido a la dispersión de las operaciones y el involucramiento que hay de las comunidades con los operadores mineros”.

Agregó que si los controles estuvieran a cargo de municipios o gobernaciones se podría hacer algo, pero para ello habría que instalar, por ejemplo, en los pasos de trancas detectores de metales.

Sobre el aporte tributario del sector aurífero, por ejemplo, Córdova señaló que el mismo “es ínfimo” porque se está hablando de un promedio del 2% del valor del oro que sale de Bolivia y que los operadores dejan al Estado. “Y como no pagan impuestos todo se limita al 2% que es el aporte más bajo de todos los metales al Estado boliviano y sin embargo, el oro es el metal que más exportamos”, complementó.

Añadió que esta es una “situación injusta y un aprovechamiento hacía el Estado boliviano” por parte de los operadores que están eludiendo sus responsabilidades y evadiendo la ley, que les pone una regalía del 7% y un impuesto, si fueran cooperativas, del 25% y si fueran empresas, 37,5%.

Hace unos días, el Gobierno nacional propuso a las gobernaciones y alcaldías una ley que establezca la conformación de un equipo intergubernamental que regule la actividad minera y el cobro impositivo a los operadores.

En un contacto con EL DEBER, el gobernador de Tarija, Óscar Montes, dijo Óscar Montes la normativa es necesaria y será consensuada a fin de mes.

“Hay mucha actividad minera que está causando daño a las personas, sobre todo al contaminar los acuíferos y también dañando al medio ambiente. También hay actividad minera ilegal que no está tributando y algunos metales preciosos como el oro están saliendo por vías que no son las legales”, agregó la autoridad.

Agregó que la propuesta interesa porque gobernaciones como La Paz, Oruro y Potosí están económicamente bien porque tienen una intensa actividad minera. En tanto, que gobernaciones como la de Tarija que recibían dinero por el gas, al acabarse el mismo están disminuyendo drásticamente su ingreso. “Nos interesa tener control sobre la actividad minera que nos puede generar recursos en este momento de crisis”, señaló.

Mejor fiscalización

El economista Jaime Dunn ve que esta propuesta es viable y podría ser positiva porque es una medida que podría mejorar la regulación y fiscalización de la actividad minera, especialmente en la explotación del oro, “que ha generado preocupaciones ambientales”.

Agregó que la creación de un equipo intergubernamental facilitaría el cobro de impuestos y regalías establecidos en ley, asegurando que los beneficios económicos se distribuyan de manera más equitativa.

“También hay que revisar el tema impositivo y de regalías en Bolivia para que reflejen un Estado fuerte. De todas maneras, lo que se quiere hacer podría ayudar a mitigar los daños ambientales y promover prácticas mineras más sostenibles, fortaleciendo la gobernanza y la transparencia”.

Dentro de esa línea, el economista Martín Montero dijo que esta mayor descentralización en la gestión de los recursos naturales podría mejorar la fiscalización, pero la misma requiere una coordinación adecuada para evitar conflicto de competencias, además de que las alcaldías y gobernaciones cuenten con los recursos técnicos y financieros para el control.

FUENTE: EL DEBER