Ciudadanía exige sanciones a concesionarios por pesca depredadora en el río Pilcomayo: claman justicia ambiental y reparación económica

La indignación crece en el Chaco boliviano tras revelarse prácticas de pesca indiscriminada en el río Pilcomayo, atribuida a al menos siete concesionarios que habrían violado la normativa ambiental y puesto en riesgo la sostenibilidad del sábalo, un recurso vital para miles de familias originarias.

Denuncian pesca ilegal que amenaza el sábalo y destruye la economía local

Organizaciones indígenas, comunidades originarias, activistas ambientales y la ciudadanía en general demandan a la Gobernación de Tarija acciones legales contundentes para sancionar a los responsables de lo que califican como una “depredación sin precedentes”.

Las denuncias señalan que los concesionarios colocaron trampas masivas en sectores estratégicos del río, como Angostura, bloqueando la migración del sábalo. Esto no solo infringe las leyes ambientales, sino que además destruye la cadena reproductiva del pez, al capturar incluso ejemplares juveniles que luego son desechados muertos.

“Pescan todo, hasta el pescado chico que ni sirve para el consumo ni para reproducirse. Eso es un crimen ambiental. Tiene que haber sanción ejemplar”, manifestó un dirigente comunal del Gran Chaco.

Comunidades del Chaco sufren el impacto económico de la pesca depredadora

Para las familias indígenas y pescadores artesanales, el sábalo no solo es parte de su cultura y alimentación, sino su principal fuente de ingreso. Con esta sobreexplotación, cientos de familias ven reducidas sus posibilidades de subsistir, en medio de una crisis agravada por la escasez de agua y el cambio climático.

Gobernación de Tarija anuncia procesos contra los responsables

La Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Tarija informó que ya se evalúan procesos sancionatorios y penales contra las empresas concesionarias implicadas, con el objetivo de sentar precedentes y proteger el ecosistema del río Pilcomayo, vital para la biodiversidad y para la economía del Chaco.

“La normativa es clara y hay que hacerla cumplir. No vamos a permitir que destruyan un ecosistema vital mientras las comunidades originarias pagan las consecuencias”, expresó un vocero institucional.

Ciudadanía exige justicia ambiental y reparación

Los ciudadanos respaldan firmemente las medidas anunciadas y piden que no solo se impongan multas, sino que también se obligue a los concesionarios a resarcir el daño ecológico y económico causado.

“Hay que proteger el Pilcomayo para nuestros hijos. Si se acaba el sábalo, se acaba la vida del río y con eso la vida de las comunidades”, concluyó un vecino en una reunión barrial.