Citan a Calvo, Cuéllar y Vargas por paro de 36 días, hay críticas al proceso
Los tres fueron citados para el jueves 13 en el módulo policial de El Mechero, zona del Plan Tres Mil. Los abogados de la Uagrm señalan que a la citación le faltan los anexos de las denuncias. El rector tiene audiencia con el papa ese mismo día
El expresidente cívico Rómulo Calvo; el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, y el vicerrector Reinerio Vargas, fueron citados como acusados por el paro de 36 días. La denuncia fue presentada en El Alto y ellos tendrán que comparecer en el Plan 3.000.
La citación fue observada por la defensa de las autoridades universitarias.
Los tres fueron convocados para que declaren este jueves 13 de abril en dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción, ubicado en el módulo policial de El Mechero, zona del Plan Tres Mil. Reinerio Vargas fue citado para las 9:15, Vicente Cuéllar para las 9:30 y Rómulo Calvo para las 9:45.
Se los acusa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de servidores públicos, asociación delictuosa, terrorismo e impedir el desarrollo de funciones, entre otros.
La denuncia fue presentada por Marcelo Mayta, ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, el 11 de noviembre del año pasado, y aceptada por la Fiscalía a los dos días.
Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, también está entre los denunciados por el representante de la COR alteña.
Manfredo Bravo, responsable de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales de la Uagrm, señaló que la citación estaba mal realizada porque no tenía los anexos de las denuncias presentadas contra las autoridades universitarias.
“Lo que hemos hecho, a través de un escrito realizado por los abogados, es contestar esta citación señalando que la misma está mal realizada, porque no contaba con los anexos de las denuncias. Esto es lo que vamos a argumentar en el caso de que la audiencia no será postergada”, señaló Bravo.
Agregó que el rector se encuentra en Italia porque tiene programada en el Vaticano, también para el 13, una audiencia con el papa Francisco.
Por su parte, el expresidente cívico Rómulo Calvo, en un contacto con EL DEBER, señaló que también su citación fue mal planteada, pero igual estará en la audiencia. Observó que están siendo citados fuera de plazo y que la denuncia fue planteada en el municipio de El Alto donde no han existido consecuencias relacionadas con los 36 días de paro.
“Esto es parte de una persecución política que está realizando el Movimiento Al Socialismo (MAS)”, complementó Calvo.
Martín Camacho, abogado del excívico, también confirmó que se acudirá a la audiencia de este jueves. “No vamos a devolver ni observar ningún error en la notificación, nosotros vamos a ir a la declaración”, dijo Camacho.
En sus redes sociales, Vicente Cuéllar escribió que fue citado a declarar en calidad de denunciado “por una serie de delitos que el señor Juan Marcelo Mayta, afín al partido de gobierno, ha interpuesto en contra de mi persona y otras autoridades, por haber luchado por un justo derecho, la realización de un censo oportuno y transparente para todos los bolivianos. La justicia en nuestro país está podrida. Se persigue a los que piensan diferente, se coarta el derecho al disenso”.
En tanto que Marcelo Mayta dijo a EL DEBER que el caso estaba en reserva y por eso se le recomendó no vertir declaraciones sobre la investigación. También se tomó contacto con Erland Rodríguez La Fuente, abogado de Mayta, quien primero contestó la llamada, pero se excusó y pidió que se lo llame en dos horas porque se encontraba en una actividad particular, después no contestó ni llamadas ni mensajes.
Observaciones al proceso
William Herrera, abogado constitucionalista, considera que todo este proceso es “un abuso y un atropello” porque la denuncia fue sentada y luego se abrió la causa en El Alto, a pesar de que todo sucedió en Santa Cruz y los acusados tienen su domicilio en la capital cruceña.
“Lo que están buscando es cómo criminalizar las protestas porque lo que hubo acá fue eso y el que hizo terrorismo de Estado fue el Gobierno, pero a ellos nunca les van abrir algún tipo de causa penal porque esto está dirigido a amedrentar a dirigentes”, dijo el abogado.
A su vez, José Orlando Peralta, analista político, ve que la demanda planteada por el dirigente alteño es “absurda” porque es inaudito que alguien que no estuvo presente durante el paro de 36 días sea el que denuncie.
“Esto me da a entender que esto es un acto netamente político partidario y no tiene nada que ver con una búsqueda de justicia, porque la denuncia de este dirigente social de El Alto es contra las autoridades departamentales de Santa Cruz, ni siquiera son nacionales”, indicó el analista.
ANTECEDENTES
El 22 de marzo del presente año, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, se presentó para brindar su declaración informativa sobre el paro de los 36 días. En esa oportunidad la autoridad se acogió a su derecho a guardar silencio.
En esa oportunidad, la defensa de Camacho aseguró que no existe “ningún nexo causal” ni de vinculación de la autoridad con las movilizaciones e indicó que en ese tiempo los sectores sociales afines al Gobierno actuaron en contra de la población.
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