Caso Consorcio: investigados cumplen detención domiciliaria o están internados, ninguno en la cárcel

A pesar de la gravedad de las denuncias en el denominado caso Consorcio, que involucra a altas autoridades judiciales y exfuncionarios, ningún investigado permanece recluido en un centro penitenciario. La Fiscalía confirmó que, de los siete procesados, cuatro están con detención domiciliaria y tres con detención preventiva, aunque estos últimos se hallan internados en clínicas privadas por supuestos problemas de salud.

¿Quiénes son los implicados y dónde cumplen sus medidas?

• César Siles, exministro de Justicia, fue enviado a Patacamaya, pero desde hace más de una semana está internado en una clínica de La Paz. Su defensa anunció que podría continuar allí otras cinco semanas.
• Yván Córdova, expresidente del TDJ de La Paz, cumple detención domiciliaria sin permiso laboral tras pagar Bs 50.000 de fianza.
• Iván Campero, magistrado suplente del TSJ, también guarda arresto domiciliario, investigado por presuntamente influir en la suspensión de la magistrada Fanny Coaquira.
• José Ramiro Uriarte, exvicecónsul en España, goza de detención domiciliaria con salida laboral. Es sindicado de haber sido abogado del denunciante en el caso Coaquira.
• Claudia Castro, exvocal del TDJ, debía cumplir prisión en Obrajes, pero fue trasladada a una clínica en Sopocachi por problemas de salud.
• Marcelo Lea Plaza, juez de Coroico, está hospitalizado pese a tener orden de reclusión en San Pedro, argumentando depresión y delicado estado médico.
• Sergio S., jefe de plataforma del Juzgado de Coroico, fue beneficiado con detención domiciliaria tras colaborar con las pesquisas, además de arraigo.

El caso sigue bajo reserva

El caso fue declarado nuevamente en reserva por la Fiscalía, que continúa con las investigaciones para identificar el alcance real de la red de corrupción judicial. Sin embargo, la situación de los imputados ha generado críticas por la aparente flexibilidad judicial frente a delitos que atentan contra la transparencia del sistema de justicia boliviano.

FUENTE: UNITEL