Branko Marinkovic afirma que la ALP decidirá el futuro de la Ley 1720 de conversión de tierras

El senador y presidente de la Comisión de Tierra y Territorio, Branko Marinkovic, afirmó que será la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la instancia encargada de definir si la Ley 1720 de conversión de tierras será modificada o abrogada.

La declaración surge luego del acuerdo firmado entre el Gobierno y sectores campesinos que plantea dejar sin efecto esta normativa, generando debate entre productores, legisladores y organizaciones sociales.

Marinkovic remarcó que existe separación de poderes en Bolivia y sostuvo que el Órgano Ejecutivo no puede determinar las decisiones del Legislativo respecto al futuro de la ley.

En ese sentido, señaló que serán los legisladores quienes evaluarán si corresponde realizar modificaciones o avanzar hacia una eventual abrogación de la norma.

El senador explicó que la Ley 1720 fue socializada antes de su aprobación con diferentes sectores campesinos, aunque reconoció que posiblemente faltó ampliar el debate con otros actores involucrados.

Asimismo, atribuyó parte de la desinformación sobre la norma a campañas impulsadas por organizaciones no gubernamentales, señalando que existen interpretaciones erróneas respecto al alcance de la ley.

Marinkovic aclaró que la normativa no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni a tierras comunitarias, indicando que el mecanismo de conversión solo aplica a pequeñas propiedades tituladas y además tiene carácter voluntario.

La autoridad también manifestó apertura para revisar y mejorar la legislación, con el objetivo de proteger a campesinos, productores y agricultores que requieren seguridad jurídica para desarrollar sus actividades.

Además, recordó que esta propuesta normativa fue planteada inicialmente en 2018 durante la gestión del expresidente Evo Morales, debido a la necesidad identificada en sectores rurales y agrícolas.

El debate sobre la Ley 1720 se ha intensificado en los últimos días tras las movilizaciones de organizaciones campesinas y las reacciones de sectores empresariales y agropecuarios, que advierten posibles impactos económicos ante una eventual abrogación.