Coy 424 – Fundación Milenio
Bolivia, lugar inhóspito para la inversión minera
Una referencia seria e influyente para la toma de decisiones en materia de inversión en minería es sin duda el reporte anual del Instituto Fraser de Canadá, que recoge las opiniones deexpertos y ejecutivos de empresas y clasifica a los países segúnsu atractivo para captar inversión minera.
Por ello, reviste especial interés examinar cómo comparaBolivia con otros países latinoamericanos en el ranking mundial y regional de minería 2018.
Atractivo de inversión y políticas mineras
La valoración de Bolivia en la última medición anual continúasiendo tan mala como en los años anteriores. Esto es lo que reflejan los puntajes que obtiene nuestro país en la mayoría de los indicadores utilizados por el informe Fraser para evaluar la situación de las economías mineras del mundo. Así, en el Índice de Atractivo de Inversión, Bolivia ocupa elpuesto 74 entre 83 países examinados. El puntaje que en este índice logra Bolivia (48.53) es 36 puntos menos que de Chile, 33 menos que de Perú, 25 menos que de México, 14 menos que de Colombia, 11 menos que de Ecuador y 10 menos que de Brasil.
El Índice de Atractivo de Inversión conjuga tanto el potencialminero de los países como la percepción de la aptitud de las políticas gubernamentales para captar inversiones, evaluándose aspectos tales como la regulación ambiental y laboral, el régimen tributario, las barreras arancelarias, laestabilidad política, el sistema legal y el grado de incertidumbre en la aplicación de las normas, la protección de los derechos mineros, la infraestructura, la información geológica, la habilidad y experiencia de la fuerza laboral. Se trata, entonces, de una medición que cubre el conjunto de condiciones esenciales para quienes toman decisiones de inversión.
Otro indicador relevante es el Índice de Percepción de Políticas, que evalúa las políticas y los factores políticos que afectan a las decisiones de inversión.
En esta medición, Bolivia se sitúa en el lugar 75 entre 83 países evaluados; su puntaje de 48.81 puntos es 40 menos que de Chile, 31 menos que de Perú, 23 menos que de México, 16 menos que de Brasil, 10 menos que de Colombia y 3 menos que de Ecuador. En ambas mediciones, Bolivia queda muy relegada en el ranking de países y distritos mineras latinoamericanos, tal como se observa en el gráfico siguiente:
Índice de Atractivo de Inversión en América Latina y el Caribe (2018)
Potencial económico de recursos mineros
Bolivia es un país minero por tradición e historia, y la abundancia de sus recursos mineralógicos está fuera de duda, tanto en su región occidental como en la oriental. No obstante, es también conocido que el país tiene muchas restricciones para poner en valor esos recursos, que mayormente permanecen inexplorados y sin aprovechamiento económico. De ahí también que, en el Índice de Potencial Minero de Mejores Prácticas, Bolivia clasifique apenas en el puesto 73 entre 122 países examinados por el Fraser, y con mucha desventaja respecto de otros países de la región. Su puntaje de 50 puntos es 32 menos que de Chile y Perú, 25 menos que de México, 15 menos que de Colombia y Ecuador y 14 menos que de Brasil.
Hay que precisar que el indicador de “Índice de Potencial Minero de Mejores Prácticas” clasifica a los países y regiones según su geología, pero también considerando elementos tales como el entorno regulatorio, impuestos competitivos y un régimen minero estable, es decir las condiciones que pueden alentar la inversión en exploración o que al menos no representan un impedimento.
Para el informe Fraser, la percepción de la calidad de las políticas mineras tiene una incidencia de más o menos 40% en las decisiones de inversión, mientras que el 60% reflejaría la valoración del potencial económico de los yacimientos mineros. Infelizmente, en ambas cuestiones Bolivia exhibe un desempeño deficiente.
Inseguridad jurídica
Y si de barreras para la atracción de inversiones se trata, la inseguridad jurídica es un lastre para Bolivia. De hecho, en el indicador de Sistema Legal del ranking mundial 2018, Bolivia se sitúa nuevamente en los últimos lugares (79 entre 83 países y distritos evaluados), y a considerable distancia de las posiciones que ocupan otros países sudamericanos.
Ello sugiere la poca confianza que el sistema legal boliviano inspira, y que por cierto no debe sorprender a la vista del marcado contraste entre la legislación que aplican los países vecinos –con amplias garantías y facilidades para la inversión, sobre todo por la figura de la concesión minera-, y la situación prevaleciente en Bolivia de precarización y vulnerabilidad del derecho minero.
Regulación laboral
En materia de Regulación Laboral y Convenios Laborales, Bolivia queda rezagada nada menos que al último lugar del ranking mundial 2018, siendo ésta su peor performance en relación al conjunto de indicadores de la encuesta mundial de minería. La percepción tan negativa de los ejecutivos mineros puede tener que ver primordialmente con el continuo aumento del costo laboral.
Considérese que en el lapso de 6 años (2008-2014), el costo de la mano de obra en el sector minero privado registró un incremento de más de 300%, mientras que el valor de la producción de minerales aumentó en tan solo el 38%. Como proporción del Valor Bruto de Producción en la minería, los salarios y remuneraciones pasaron de representar el 12% en 2008 al 36% en 2014. Cotejando el costo laboral contra el valor de exportado de minerales, se percibe que el costo laboral que, en 2008, equivalía al 19% del valor exportado de minerales, en 2014 pasó a significar el 57% del valor exportado. Y con seguridad que esta brecha crítica se ha mantenido -e incluso acentuado- en los años siguientes, comprometiendo la sostenibilidad de las operaciones mineras y, en última instancia, la estabilidad de los puestos de trabajo.
Lo cierto es que las empresas mineras afrontan un aumento incesante de los costos de producción, y cuyo impacto negativo para su salud financiera se agudiza en una coyuntura de precios deprimidos.
Baja rentabilidad de las operaciones mineras
Los costos emergentes del régimen impositivo vigente, que incluyen el IUE de 25%, la alícuota adicional al IUE de 12.5%, el IVA, IT y la regalía minera, determinan que la rentabilidad de las operaciones mineras en Bolivia sea mucho menos atractiva que en otros lugares de la región. Al respecto, Nogales (2015) realizó cálculos en base a los estados financieros de las empresas de la minería privada y halló que la utilidad neta (después de todos los impuestos) es 71% más alta en Perú; 57% más en México; y 31% más en Chile. Estos países, además de sus ventajas normativas y en seguridad jurídica, poseen un indudable atractivo desde la óptica de la rentabilidad minera.
El informe Fraser confirma esta impresión. Mientras Bolivia ocupa el puesto 79 en el Indicador de Régimen Fiscal, el vecino Chile clasifica en el lugar 24, Perú en el 26, Colombia en el 45 y Brasil en el puesto 54.
Cerrar brechas de competitividad
Delante de los datos anteriores es evidente que la inseguridad jurídica y los altos impuestos no solo que reducen la competitividad de la minería boliviana, sino que constituyen barreras para captar el interés de las compañías internacionales. Son, qué duda quepa, cuellos de botella que hacen que la minería boliviana se sitúe desventajosamente con relación a la minería de Chile, de Perú de México o Brasil y también con países de menor tradición en la explotación de metales como son Argentina, Ecuador y Colombia, en el propósito de captar inversión minera.
Tal vez ello ayude a entender por qué la corriente de inversiones sigue fluyendo hacia estos otros países, mientras que en Bolivia es deficitaria y escurridiza. Por cierto, las opiniones de los ejecutivos de compañías mineras no dejan duda en cuanto a que el factor primordial que ahuyenta las inversiones es la inseguridad jurídica y, ante todo, la precariedad extrema del derecho minero.
Si Bolivia quiere unirse al grupo de economías atractivas para la inversión minera, lo menos que debe hacer es acercarse a la posición de estos países en cuanto a política minera y establecer un género de condiciones básicas que hagan que la minería boliviana pueda compararse y se ponga en un plano de mayor simetría en cuanto a ventajas y beneficios para la inversión minera.