Bolivia capta solo el 0,26% de la inversión extranjera de Latinoamérica

En 2025, el país recibió $us 523 millones en inversión extranjera directa, una cifra que representó apenas el 0,26% de los $us 94.000 millones captados por América Latina y el Caribe, según datos del viceministro de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui.

Ante esta baja participación, el Gobierno impulsa una nueva Ley de Inversiones, cuyo proyecto se envía a la Asamblea Legislativa, con el objetivo de actualizar el marco legal vigente y generar mayores condiciones de certidumbre para los capitales nacionales y extranjeros.

Jáuregui explicó que la actual Ley N° 516 de Promoción de Inversiones, aprobada en 2014, requiere una actualización debido a las nuevas condiciones económicas que enfrenta el país.

Inversión

“Este momento requiere de transformaciones importantes. Estas leyes son estructurales, muy necesarias para dar un viraje al modelo económico y generar una promoción de inversiones”, afirmó.

El viceministro sostuvo que uno de los principales objetivos de la nueva normativa será ofrecer seguridad jurídica y reglas claras para que los inversionistas puedan evaluar proyectos y tomar decisiones con una perspectiva de mediano plazo.

“Se requiere dar certidumbre al inversionista con seguridad jurídica, a quien viene a invertir, que conozca las reglas claras y pueda tomar decisiones a mediano plazo”, señaló.

El desafío

La reducida participación de Bolivia en los flujos de inversión extranjera de la región evidencia uno de los principales retos para la economía nacional: generar condiciones capaces de competir por capital en un mercado regional donde otros países concentran una mayor proporción de los recursos destinados a nuevos proyectos.

El Gobierno considera que la actualización de la Ley de Inversiones permitirá establecer un marco más adecuado para atraer capital, impulsar nuevos emprendimientos productivos y ampliar la capacidad de generación de empleo, producción, exportaciones y divisas.

La expectativa del Ejecutivo es que el proyecto sea tratado, aprobado y posteriormente promulgado en el corto plazo.

Fuente: La Razón