Bloqueos continúan en La Paz pese al avance para abrogar la Ley 1720 y crece el desabastecimiento

Los bloqueos en las principales rutas del departamento de La Paz continúan y se radicalizan pese al avance legislativo para la abrogación de la Ley 1720 de conversión voluntaria de la propiedad, una de las principales demandas de los sectores campesinos e indígenas movilizados.

La noche del martes, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de abrogación con modificaciones, por lo que la norma deberá regresar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión antes de su tratamiento final.

Aunque este avance fue considerado un paso importante dentro del conflicto, las movilizaciones no cesaron. Solo algunos marchistas provenientes de Pando y Beni evalúan abandonar la sede de Gobierno tras la decisión legislativa.

Mientras tanto, los bloqueos persisten en las carreteras hacia Oruro, Desaguadero —en la frontera con Perú—, el lago Titicaca y el norte paceño, dejando prácticamente cercada a la ciudad de La Paz.

La situación obligó a suspender nuevamente las salidas de buses desde las terminales de La Paz y El Alto, afectando el transporte interdepartamental y el movimiento comercial.

Las organizaciones movilizadas modificaron además sus demandas iniciales y ahora exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La posición fue respaldada por sectores campesinos y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).

El principal ejecutivo de la COB, Mario Argollo, señaló que las bases están definiendo las medidas de presión y aseguró que la organización solo transmite el sentir de los movilizados.

“Hay un pueblo que está pronunciándose y el pueblo se va a hacer escuchar. Nosotros solo vamos a ser encargados de comunicar la posición que tienen las bases”, afirmó.

Por su parte, el Gobierno reiteró la convocatoria al diálogo con los sectores movilizados, aunque denunció que detrás de las protestas existirían intenciones de desestabilización política.

“Su propósito es claro, buscan la desestabilización”, sostuvo el vocero presidencial José Luis Gálvez.

El conflicto comenzó a generar problemas de abastecimiento en los mercados paceños. El precio del pollo, la carne de res, verduras y otros productos básicos registra incrementos diarios debido a las dificultades de transporte.

La crisis también amenaza el sistema de salud. El Gobierno y sectores industriales alertaron sobre el riesgo de escasez de oxígeno medicinal en hospitales de La Paz y El Alto.

La ministra de Salud, Marcela Flores, informó que cuatro toneladas de oxígeno permanecen retenidas por los bloqueos en las rutas Huanchaca–Sica Sica y Desaguadero.

Según explicó, dos cisternas están detenidas entre Huanchaca y Sica Sica y otras dos permanecen varadas en Desaguadero, afectando la provisión para 12 hospitales de La Paz y cuatro centros médicos de El Alto.

“Estas cuatro toneladas son vitales para pacientes oxígeno dependientes”, advirtió la autoridad, quien señaló que el stock disponible solo alcanzaría hasta este miércoles.

El conflicto social y político mantiene en alerta a la población paceña mientras continúan las negociaciones y crece la preocupación por el impacto económico y sanitario de los bloqueos.