Autoprorrogados deben ser procesados por “irregularidades” en omisión y acción, no basta con cese de funciones, afirma diputada

La diputada Patricia Patiño (PDC) afirmó que el cese de funciones de los magistrados autoprorrogados del TCP y del TSJ es solo el inicio de un proceso más amplio que debe incluir acciones penales por las irregularidades cometidas durante su mandato extendido. La legisladora advirtió que no permitirá que la salida de estas autoridades se convierta en un “pasaporte a la impunidad”.

Patiño reclama procesos penales por omisión y acción contra exmagistrados

Patiño destacó que la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de cesar a los magistrados prorrogados era necesaria, aunque tardía. Recordó que estas exautoridades habrían incurrido en irregularidades tanto por omisión como por acción, motivo por el cual corresponde aplicar la Ley Quiroga Santa Cruz para establecer responsabilidades. “No vamos a permitir impunidad”, remarcó.

Diputada anuncia vigilancia estricta desde la Comisión de Constitución

La legisladora, miembro de la Comisión de Constitución, aseguró que realizará un seguimiento riguroso al caso para garantizar transparencia. Señaló que trabajará “de manera fría y objetiva” para evitar cualquier intento de encubrimiento y garantizar que se cumpla la normativa vigente.

Ordenan separación inmediata y emiten alerta migratoria contra exmagistrados

Aunque los magistrados prorrogados anunciaron que dejarían sus cargos en 10 días, dos salas constitucionales —en Potosí y Santa Cruz— ordenaron su separación inmediata. Además, se emitió una orden de aprehensión y alerta migratoria en su contra, ampliando la presión judicial sobre ellos.

Juzgado de La Guardia emite órdenes de aprehensión contra cuatro exautoridades

Un juzgado de La Guardia dispuso la aprehensión de los exmagistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas, quienes forman parte del grupo investigado. Las medidas responden a presuntos daños al Estado, tanto en lo económico como en la credibilidad institucional.

FUENTE: EJU